Los propios números del gobierno dicen que no hace falta aumentar la tarifa del transporte
VOLVER A AUMENTAR EL BOLETO Y SUBSIDIOS SIRVE ÚNICAMENTE PARA EXPULSAR MÁS USUARIOS Y GENERAR SOBREPRECIOS
*Por Fabricio Bolatti
¿Por qué no hace falta aumentar?
Desde hace tiempo venimos advirtiendo que el aumento salvaje del boleto es una política autodestructiva. El Gobierno de Zdero parece tratar al colectivo como una válvula de ajuste y no como un derecho básico. Los números son claros: desde el 2024 el pasaje aumentó un 1.400%, mientras que la inflación fue del 160% y los salarios están estancados.
Esta desconexión total provocó lo que adelantamos: la gente se bajó del colectivo. Pasamos de 30 millones de viajes anuales a solo 15 millones para el 2025. Al haber menos pasajeros, el Gobierno entra en una lógica equivocada: “como viaja menos gente y recaudo menos, subo más el precio”. El resultado es que hoy el boleto representa el 25% de un sueldo mínimo, y si llega a $1.885, se llevará casi el 40% del ingreso mínimo de un trabajador. Nadie puede trabajar solo para pagarse el viaje.
El sobreprecio en los números oficiales
Cuando analizamos la información que el propio Gobierno utiliza para justificar sus decisiones, la cuenta no cierra. El Ministerio calculó que el sistema necesita $44.127 millones anuales para funcionar (cubriendo sueldos, combustible, mantenimiento y una ganancia razonable para las empresas), siendo este el costo del sistema. Sin embargo, si sumamos los subsidios que ya firmó el Gobernador ($21.600 millones), a lo que pagarían los pasajeros con el boleto nuevo a $1.885, el sistema tendría como ingreso un total de $49.897 millones.
Cuadro 1 -Componentes para medir resultado
Aquí aparece la gran inconsistencia: hay una diferencia de $5.770 millones. Si los costos ya están cubiertos, ¿para qué es esa plata? Si no se explica claramente, estamos ante un sobreprecio directo que se le entrega a las empresas por encima de lo que legalmente les corresponde. Es un “vuelto” innecesario que sale del bolsillo del usuario nuevamente, repitiéndose la estructura de los aumentos anteriores, que también denunciamos.
El impacto en los estudiantes y el ahorro desperdiciado
Otro punto preocupante se da en el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), no solo por la reducción que provocó la “política oficial de ajuste” al pueblo, ya que desde su creación en 2015, el programa garantizaba la inclusión educativa con hasta 60 pasajes mensuales. Hoy se redujo a un máximo de 40 pasajes, obligando a los chicos a elegir qué días ir a estudiar porque “no hay plata”.
Lo paradójico es que, al aumentar el boleto a $1.885, al Estado le sale mucho más caro pagar cada pasaje “gratuito”. Estimamos que la diferencia que el Gobierno debe asignar por este encarecimiento ronda los $4.300 millones. Es decir, gastan más recursos públicos para beneficiar a las empresas mientras les dan menos pasajes a los estudiantes. Afectación de recursos de la que no dice nada el gobierno, ni la incluye en la balanza a la hora de decidir, siendo que no pasa desapercibida.
Nuestra propuesta: Mantener el boleto a $1.300
Aquí demostramos que con los mismos recursos que el Estado ya tiene afectados para acompañar el aumento del boleto a $1.885, se puede gestionar el sistema sin castigar al usuario. No pedimos más presupuesto, pedimos transparencia, eliminación de sobreprecios y sentido común económico. Decimos que con:
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Eliminar el excedente: Si quitamos esos $5.700 millones de ganancia injustificada, el sistema requiere menos ingresos y por ende puede ceder recaudación, tiende a equilibrase sin necesidad de aumentar el pasaje.
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Frenar la caída de usuarios: Manteniendo el boleto en $1.300 evitamos que más gente abandone el sistema, estabilizando la recaudación genuina, buscando con ello y un buen servicio, tender a recuperar usuarios.
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Aprovechar el ahorro del BEG: Al no subir el precio del boleto, el Estado no tiene que pagar el sobrecosto de $4.300 millones en pasajes estudiantiles que su propia medida obligaba a pagar. Este ahorro lo asignamos parcialmente a cubrir los recursos que se necesitan para equilibrar ingresos con gastos en nuestra propuesta, quedando incluso un sobrante que creemos corresponde asignar a devolverles los pasajes que les quitaron a los alumnos.
Cuadro 2- Cuadro que muestra lo que hace el gobierno y nuestra propuesta
Como se ve en el cuadro, la propuesta oficial aumenta el boleto, también asigna más subsidios y por último afecta nuevos recursos a cubrir el mayor precio de la gratuidad de millones de pasajes anuales, que se destinan a la inclusión educativa de nuestro pueblo. Pero en síntesis vemos que el gobierno afecta innecesariamente $10.000 millones de pesos que ni siquiera son destinados a evitar el aumento, sino a complementarlo, cuando esto está totalmente por encima de lo que se requiere.
Nuestra propuesta afecta menos recursos de lo que ya se asignan, generando un ahorro para el Estado, pero esto se hace para que podamos evitar aumentar la tarifa. En síntesis, sostenemos el valor o precio que tiene el servicio, asignando menos recursos de los que se afectan desde el gobierno para asegurar una tarifa mayor.
Conclusión. La decisión de llevar el boleto a $1.885 no es una necesidad técnica del sistema, es una decisión política que privilegia el margen empresarial por sobre el acceso de la población al transporte. La diferencia entre los $1.885 del oficialismo y los $1.300 que proponemos no es una cuestión de costos, es una cuestión de transparencia y prioridad social.
