La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña resolvió una medida inédita en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en Taco Pozo el pasado 17 de agosto. Allí, un grupo de médicos y voluntarios solidarios denunció haber sido víctimas de abuso de autoridad y apremios ilegales por parte de la policía local.
El juez, Rodolfo Lineras, declaró admisible una acción de habeas corpus colectivo presentada por la Asociación Civil “Todo por Todos” y, como medida de protección urgente, prohibió al comisario Daniel Augusto Melchiori ingresar y desempeñarse en la comisaría de Taco Pozo. Además, le impuso la prohibición de contacto y acercamiento con las víctimas y testigos, entre ellos la médica María Candelaria García Nebbia, quien fue detenida y posteriormente liberada ese día.
La resolución también dispuso la recolección de pruebas e informes a distintas dependencias judiciales y policiales, con el objetivo de determinar si existen otras denuncias previas contra Melchiori y su personal. Entre las medidas solicitadas se incluye la copia certificada del libro de guardia de la seccional, la identificación de los vehículos oficiales utilizados y la documentación sobre la aptitud psicofísica de los agentes intervinientes.
Según publicó el portal CHACODIAPORDIA.COM, el fallo da intervención a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad de la Provincia y al Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, reforzando el carácter institucional del caso.
La prohibición de acceso de Melchiori a la comisaría marca un antecedente relevante en la provincia, donde se investigan presuntas prácticas de violencia institucional contra profesionales de la salud y ciudadanos que cumplían tareas solidarias.
Cabe recordar que, tras el episodio del domingo, el comisario fue licenciado de manera forzada, mientras el Órgano de Control Institucional investiga lo ocurrido. La causa por las agresiones contra los médicos solidarios quedó radicada en la fiscal Especial Adjunta de Derechos Humanos de Sáenz Peña, mientras que otro expediente por presuntos apremios ilegales está para su elevación a juicio.
