La sanción recae sobre todos los agentes que se adhirieron a las medidas de fuerza decretadas por UPCP el 21 y 22 de abril, y el 29 y 30 del mismo mes, en un área del Estado con sueldos de $ 750 mil. Como los descuentos alcanzan los $ 120 mil, esas familias quedaron al borde de la línea de indigencia.
La orden se formalizó a través de las resoluciones N.º 0615 del 29 de abril y N.º 0640 del 7 de mayo, y afectan a 12 y 15 agentes respectivamente, todos de la Dirección de Administración del Ministerio que funciona en el 4º piso de Casa de Gobierno. En algunos casos los descuentos son “acumulativos”.
Los trabajadores fueron informados “por sistema”, pero mientras el sindicato de los empleados públicos sigue intentando frenar la embestida del ministro, este viernes habrá una asamblea para estudiar nuevas medidas de acción directa ante la situación desesperante que enfrentan.
Para justificar los descuentos, Gómez invoca la Resolución N.º 1031 de agosto de 2024, que redactó y firmó él mismo, en la que exige a los responsables de cada área del Ministerio “informar” quiénes son los agentes que se suman a los paros, y adelanta que sufrirán descuentos si se atreven a adoptar medidas de fuerza.
Gómez, que firma las resoluciones como “ABOGADO” y, en letra más pequeña agrega “Ministro de Gobierno y Justicia”, no sólo se atribuye la facultad de legislar, sino que parece haber olvidado su paso por el Poder Judicial hasta diciembre de 2023.
En efecto, la Constitución del Chaco, en su Artículo 29 establece que todo trabajador goza del derecho “a la organización sindical libre y democrática”, y entre los DERECHOS GREMIALES, destaca el “Derecho de Huelga”. Para el ‘Pato’, resolución mata Constitución.
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