La información surge de los chats extraídos de los celulares de los imputados. La causa ya tiene nueve detenidos y expone una estructura organizada dentro de la fuerza. El Ministerio de Seguridad provincial emitió un comunicado con un tono poco habitual, en el que remarcó que el gobierno “no encubre”.
Una banda de policías del Chaco dedicada a revender a narcos locales droga incautada en operativos. Este podría ser un resumen a grandes rasgos de lo que pudo constatar hasta el momento la Fiscalía Federal de Resistencia en la investigación de la causa conocida como “narcopolicías”, que el miércoles sumó dos nuevos detenidos: nueve en total.
Según pudo saber LITIGIO, el análisis de los teléfonos celulares de los imputados resultó clave para reconstruir el funcionamiento de la banda. De los chats surge un mecanismo aceitado: buscaban compradores dentro del circuito narco, detectaban cargamentos con potencial de ser sustraídos y, posteriormente, coordinaban el momento del robo durante los procedimientos oficiales.
La estructura estaba organizada con roles definidos. El principal apuntado es César Alegre, jefe de la División Consumos Problemáticos, señalado como presunto líder de la organización.
La investigación también reveló que no sólo comercializaban la droga, sino que además ofrecían protección a sus compradores. En una de las conversaciones incorporadas al expediente, una presunta vendedora minorista de Resistencia negocia la compra de estupefacientes con uno de los policías y le solicita “liberar la zona” hasta después de las fiestas de fin de año, para poder vender sin riesgo de allanamientos o detenciones.
Nueve detenidos
La causa tuvo un nuevo avance este miércoles con la detención de dos efectivos más, por orden de la jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini.
Con estas detenciones, ya son nueve los policías implicados en la investigación, acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante un operativo de incineración judicial en Colonia Benítez. Los últimos detenidos son Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García, quienes participaron del procedimiento.
Se suman a Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta y César Alegre, quienes permanecen alojados en dependencias de Prefectura y Gendarmería. El único que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria es Lucas Exequiel Martínez.
La quema
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 18 de diciembre, en el marco de un operativo de quema judicial de estupefacientes realizado en Colonia Benítez.
Según la investigación, los efectivos intentaron sustraer aproximadamente nueve kilos de cocaína —valuados en unos 225 millones de pesos— en un procedimiento que incluía la incineración de más de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína.
De acuerdo a la pesquisa, la droga fue ocultada en mochilas y en la caja de un patrullero con el objetivo de retirarla sin ser detectados.
El intento fue advertido a tiempo por funcionarios judiciales, lo que permitió frustrar la maniobra antes de que se concretara. El episodio generó un fuerte impacto institucional, ya que el operativo se desarrollaba a plena luz del día y con la presencia de autoridades provinciales y medios de comunicación.
Un comunicado inusual
Tras las nuevas detenciones, el Ministerio de Seguridad del Chaco emitió un comunicado con un tono poco habitual, en el que remarcó que el Gobierno “no encubre” y que colabora con la Justicia.
“Esta gestión ha tomado una decisión clara: no encubrir, no mirar para otro lado y actuar con firmeza”, señala el comunicado. “No se va a tolerar la presencia de elementos que atenten contra la integridad, el prestigio y el rol fundamental que cumple la Policía del Chaco en la sociedad”, añade.
Además, se informó que interviene el Órgano de Control Institucional, que avanza con medidas disciplinarias y administrativas contra los involucrados.
El comunicado también enfatiza que no se tolerarán conductas que afecten la integridad de la fuerza y sostiene que “los hechos aislados no representan a la totalidad de la institución”, al tiempo que reafirma el objetivo de “recuperar la confianza de la ciudadanía”.
REVISTA LITIGIO
