La Justicia uruguaya lo acusa de pertenecer a una organización delictiva, ser cómplice en un delito de hurto especialmente agravado y tráfico de armas de fuego.
Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) terminó con la detención de Alberto Javier Casanova, un argentino de 30 años que robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y se fugó.
El hombre, que tenía pedido de captura internacional, fue arrestado en una casa en Sarandí, partido de Avellaneda, luego de una investigación coordinada entre la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo.
El operativo se dio en el marco de una causa por detención preventiva con fines de extradición.
Todo comenzó el 11 de agosto de 2025 cuando una organización criminal irrumpió en un banco de Uruguay. La Justicia de ese país inició una investigación que incluyó varios allanamientos, el secuestro de armas de fuego y la detención de Casanova.
Según informó Diario Conurbano, el hombre fue beneficiado con prisión domiciliaria, pero poco después rompió el dispositivo de monitoreo electrónico y escapó hacia la Argentina, violando la medida judicial.
Ante la fuga, las autoridades uruguayas emitieron una Notificación Roja de Interpol, lo cual posibilitó el intercambio de información con la PFA y puso en marcha la búsqueda internacional.
El operativo en Avellaneda y la detención
Según la documentación oficial, la PFA desplegó tareas de inteligencia para dar con el paradero del prófugo. Finalmente, lograron ubicarlo en una casa en la calle Villegas al 3700, en Sarandí.
Con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes y la Secretaría Penal N.° 1, se autorizó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio que se concretó con la detención del acusado.
La Justicia uruguaya lo acusa de pertenecer a una organización delictiva, ser cómplice en un delito de hurto especialmente agravado y tráfico de armas de fuego. También se le atribuye el uso de armas durante el asalto al banco ocurrido en agosto.
La sede judicial uruguaya había dispuesto una medida de cierre de fronteras y monitoreo electrónico, que luego fue sustituida por prisión preventiva a pedido de la fiscalía.
