Las demandas de madres y familiares por el traslado urgente de sus hijos a Buenos Aires para continuar tratamientos médicos no pueden seguir ignoradas. Cuando se trata de salud, la demora o la negación de servicios es una forma de crueldad institucional que afecta vidas y genera desesperación.
¿Qué piden las familias?
– Traslados inmediatos para acceder a tratamientos que no están disponibles localmente.
– Que el organismo responsable, el INSSSEP, garantice la cobertura y los pagos necesarios.
– Servicios médicos, terapias y seguimientos sin trabas burocráticas.
– El INSSSEP no se va a “fundir” por atender las demandas básicas de usuarios; la salud pública es una prioridad y los recursos deben orientarse a salvar y mejorar vidas.
– Negar o demorar traslados y tratamientos incrementa costos humanos y sociales: empeoramiento de condiciones, mayor carga familiar y posible mayor gasto a largo plazo.
– La muestra pública de despreocupación por parte de autoridades —cuando se muestran indiferentes o distraídos en momentos críticos— alimenta la indignación ciudadana y socava la confianza en las instituciones.
Qué debe hacerse ya
– Procesar con urgencia las solicitudes de traslado y habilitar coberturas imprescindibles.
– Simplificar trámites y establecer protocolos claros para casos de salud priorizados.
– Transparencia en el uso de fondos y prioridades; si hacen falta recursos, que se expliquen y se busquen soluciones sin perjudicar a quienes más lo necesitan.
– Diálogo inmediato entre autoridades, personal de salud y familias afectadas para coordinar soluciones concretas.
La prioridad debe ser garantizar el derecho a la salud. Atender a estas madres y sus hijos no es un gasto prescindible: es una obligación ética y social. El INSSSEP y los gobernantes deben actuar con humanidad y responsabilidad ahora.
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