Los fiscales generales de los distritos advirtieron que anular la sentencia millonaria contra la Argentina podría sentar un precedente para que otros gobiernos extranjeros eviten responder ante la Justicia estadounidense.
Un grupo de 15 estados y territorios de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Suprema para apoyar a los fondos que demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF y que buscan revertir el fallo que dejó sin efecto la condena de US$16.100 millones contra el país.
La presentación fue encabezada por Missouri y se realizó el viernes 30 de octubre bajo la figura de amicus curiae, un mecanismo judicial que permite a terceros interesados aportar argumentos en una causa sin intervenir directamente como demandantes o demandados.
Los firmantes cuestionaron la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año anuló la sentencia millonaria dictada contra la Argentina. Consideraron que el criterio adoptado podría sentar un precedente que permita a otros países utilizar sus propias leyes para evitar reclamos judiciales en territorio estadounidense.
El documento sostiene que los jueces interpretaron de manera incorrecta la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que establece las condiciones bajo las cuales un Estado extranjero puede ser demandado ante los tribunales norteamericanos.
La presentación plantea que los tribunales federales estadounidenses deben ejercer su jurisdicción cuando se cumplen las excepciones previstas por la FSIA, entre ellas determinadas actividades comerciales de gobiernos extranjeros que producen efectos directos en Estados Unidos.
Según los fiscales generales, la interpretación del Segundo Circuito podría permitir que un Estado demandado evite las consecuencias de un juicio mediante la aplicación de normas internas que favorezcan su posición.
Como antecedente, los fiscales mencionaron las demandas presentadas por Missouri y Mississippi contra China por supuestas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus.
Esos litigios incluyeron acusaciones por el acaparamiento de barbijos y otros elementos de protección sanitaria, la comercialización de productos de menor calidad y distintas conductas consideradas desleales.
Los representantes estatales sostuvieron que, si China pudiera invocar su propia legislación para obligar a que esas controversias se resolvieran exclusivamente ante tribunales chinos, las autoridades estadounidenses tendrían mayores dificultades para defender los intereses de sus ciudadanos.
Por eso, solicitaron que la Corte Suprema acepte revisar la sentencia del Segundo Circuito y la revoque.
Las críticas al planteo y la postura de los especialistas
El respaldo de los estados norteamericanos generó distintas interpretaciones sobre su posible impacto en el expediente.
Fuentes de Gobierno indicaron que la Argentina considera que los argumentos que proponen no aplican porque todo el caso está basado en el derecho argentino y sostienen que no hay fundamentos para que la Corte Suprema acepte revisar el caso Petersen.
A su turno, el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la composición política de los firmantes podría restarle peso a la presentación. “Todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos (solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’). La ausencia de demócratas no es decisiva, pero lo torna menos persuasivo”, sostuvo en su cuenta de X.
Soler también cuestionó el argumento jurídico utilizado por los estados y advirtió que parte de una interpretación equivocada del fallo favorable a la Argentina.
“La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino (societario y ley general de expropiaciones), el único relevante para resolver una disputa entre accionistas sobre el incumplimiento del estatuto de una sociedad argentina, algo en lo que han coincidido todas las partes y todos los jueces que intervinieron en el litigio”, afirmó.
La distinción es relevante porque el tribunal de apelaciones no rechazó intervenir en el caso por falta de jurisdicción, sino que analizó los reclamos y concluyó que, de acuerdo con la legislación argentina aplicable, los demandantes no tenían derecho a obtener la indemnización contractual que habían reclamado.
Esa interpretación fue la que permitió dejar sin efecto la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska, en septiembre de 2023.
Qué puede pasar ahora con el juicio por YPF
La causa llegó a la Corte Suprema estadounidense después de que Petersen Energía y Eton Park, cuyos reclamos son financiados por Burford Capital, solicitaran una revisión de la sentencia favorable a la Argentina.
Los fondos buscan que el máximo tribunal intervenga y restablezca la condena de US$16.100 millones, originada en la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.
El conflicto judicial gira alrededor de la falta de una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios, una obligación que los demandantes consideran prevista en el estatuto de la petrolera.
Sin embargo, la Corte Suprema todavía no decidió si aceptará tratar el caso. La presentación de los estados constituye un respaldo a la solicitud de los demandantes, pero no modifica por sí misma el fallo favorable a la Argentina.
Durante las próximas semanas podrían sumarse nuevos escritos de amicus curiae, tanto para acompañar a los fondos como para defender la posición argentina.
También está pendiente una eventual intervención de John Sauer, procurador general de Estados Unidos, quien anteriormente ocupó el cargo equivalente en Missouri. Su opinión podría adquirir relevancia si la Corte Suprema le solicita al gobierno estadounidense que se pronuncie sobre la controversia.
Mientras tanto, el próximo vencimiento procesal está fijado para el 2 de diciembre, después de que la Corte Suprema concediera una prórroga solicitada por los abogados del Estado argentino y de YPF para presentar sus respuestas.
Recién después de analizar las presentaciones, el máximo tribunal podrá definir si acepta revisar el fallo o rechaza el pedido, lo que dejaría firme la decisión que anuló la condena millonaria.
