Un informe difundido por la organización Inquilinos Agrupados, elaborado entre el 17 y el 20 de marzo sobre 690 casos en 20 provincias, revela que el 17,2% de los inquilinos debió mudarse por no poder afrontar el alquiler. El número, cercano a uno de cada cinco, sintetiza el nivel de presión que ejerce el costo de la vivienda sobre los ingresos.
El relevamiento también confirma una tendencia que ya dejó de ser excepción para transformarse en regla: el 70,6% de los encuestados destina más del 40% de su salario al pago del alquiler. En paralelo, el 70,9% reconoce tener deudas activas, en un escenario donde la economía cotidiana se sostiene, cada vez más, a base de crédito.
La radiografía se vuelve más cruda cuando se observa el destino de ese endeudamiento. Más de la mitad de los inquilinos (53,2%) tomó deuda para poder comer, mientras que el 38,9% lo hizo específicamente para pagar el alquiler. Las tarjetas de crédito aparecen como principal herramienta de financiamiento: el 65,2% recurrió a ellas para cubrir gastos básicos.
El ajuste también se siente dentro del hogar. El 89,6% de los consultados afirmó haber recortado gastos domésticos. En ese universo, el 65,1% redujo el consumo de alimentos y el 54,2% resignó gastos en salud. El dato más elocuente: apenas el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias.
Frente a ese escenario, el trabajo aparece como variable de compensación, aunque insuficiente. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguna fuente laboral en el último año. La precariedad laboral y el pluriempleo conviven como dos caras de la misma moneda.
El informe también aporta una clave estructural: el 43% de los encuestados forma parte de una segunda generación de inquilinos, lo que da cuenta de la dificultad creciente para acceder a la vivienda propia.
