La Fiscalía de Nueva York presentó cargos contra cinco ecuatorianos por una presunta conspiración para enviar cocaína a territorio estadounidense
La Justicia de Estados Unidos acusó a cinco ciudadanos ecuatorianos, entre ellos un exalcalde, un exlegislador y el hijo de un expresidente, de participar en una organización internacional dedicada presuntamente al tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. La investigación federal sostiene que la estructura habría operado durante más de una década mediante empresas exportadoras de productos pesqueros, intermediarios y conexiones con organizaciones criminales que mantienen presencia en Ecuador y Colombia.
La acusación fue anunciada el 5 de noviembre de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que identificó entre los procesados a Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta; su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta por Manabí; y Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, quien gobernó entre 1996 y 1997. También fueron acusados Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, conocido con el alias de Cachete.
Según la información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, los cinco enfrentan cargos relacionados con conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras vinculada al narcotráfico y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Las penas previstas por la legislación federal incluyen la cadena perpetua, aunque su eventual imposición dependerá del desarrollo del proceso judicial y de las decisiones del tribunal.
El expediente, cuya acusación formal fue presentada el 24 de septiembre de 2026, sitúa el inicio de las presuntas actividades ilícitas al menos en 2010. Los investigadores sostienen que los acusados participaron en una estructura que facilitaba el transporte de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hacia mercados internacionales, utilizando rutas comerciales marítimas y contactos con otros narcotraficantes.
Uno de los principales elementos de la investigación es la supuesta utilización de una empresa exportadora de productos pesqueros vinculada a los Estrada. De acuerdo con los fiscales estadounidenses, la organización habría ocultado cargamentos de cocaína en contenedores destinados al transporte de mercancías legales, particularmente atún, para aprovechar las operaciones del comercio exterior ecuatoriano.
La acusación menciona un decomiso realizado el 27 de mayo de 2023, cuando las autoridades ecuatorianas incautaron aproximadamente 1.444 kilogramos de cocaína en un contenedor localizado en el puerto de Guayaquil. Según el Departamento de Justicia, la carga estaba relacionada con una empresa exportadora que los investigadores vinculan con la presunta organización.
Los fiscales también atribuyen a los acusados contactos con narcotraficantes relacionados con Los Choneros y Los Lobos, dos organizaciones criminales ecuatorianas involucradas en disputas por el control de territorios y rutas del narcotráfico. La investigación menciona, además, conexiones con grupos armados establecidos en zonas selváticas de Colombia, país donde se concentra una parte importante de la producción mundial de cocaína.
Otro episodio descrito por las autoridades estadounidenses corresponde a una presunta negociación realizada durante 2026. Según la Fiscalía, Fernández Menéndez y Briones López habrían actuado como intermediarios de los Estrada en conversaciones con Jacobo Bucaram Pulley para coordinar el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Ecuador hacia México, con destino final en Estados Unidos.
El comunicado oficial no establece que ese cargamento haya sido efectivamente transportado. La negociación figura entre los hechos que sustentan la acusación federal, cuya validez deberá determinarse durante el proceso judicial.
Las detenciones se ejecutaron mediante operaciones desarrolladas en Panamá y Ecuador. Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda fueron arrestados el 2 de noviembre mientras se encontraban en territorio panameño. Dos días después, las autoridades ecuatorianas detuvieron a Bucaram Pulley, Fernández Menéndez y Briones López, en coordinación con organismos estadounidenses.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que las capturas estuvieron relacionadas con una investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y anunció que los detenidos serían sometidos a los procedimientos correspondientes para su traslado a ese país.
Según información publicada por el diario ecuatoriano El Universo, los tres detenidos en Ecuador permanecían en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia costera de Santa Elena, mientras avanzaban los trámites judiciales. Por su parte, los Estrada debían afrontar el procedimiento correspondiente ante las autoridades panameñas.
La participación atribuida a Bucaram Pulley incorpora al expediente a un integrante de una familia con una extensa trayectoria en la política ecuatoriana. El acusado también registra antecedentes judiciales en su país. Según informó Primicias, en septiembre de 2026 fue condenado junto con su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, en un proceso relacionado con la comercialización irregular de pruebas de COVID-19 durante la pandemia.
Esa sentencia corresponde a un procedimiento distinto de la acusación por narcotráfico presentada en Nueva York, por lo que no constituye una determinación de responsabilidad respecto de los nuevos cargos estadounidenses.
La Fiscalía federal también sostiene que la presunta organización aprovechó relaciones comerciales y políticas para facilitar sus operaciones. En su comunicado, las autoridades mencionaron vínculos empresariales con el sector pesquero de Manta y con un club profesional de fútbol, aunque no identificaron públicamente a todas las entidades involucradas ni establecieron que la totalidad de sus actividades estuviera relacionada con delitos.
Durante la presentación del caso, el fiscal estadounidense Jamie McDonald afirmó que los acusados habrían contribuido a consolidar el papel de Ecuador como punto de tránsito de la cocaína destinada a mercados internacionales. El funcionario sostuvo que aproximadamente el 70% de la droga que llega a Estados Unidos y Europa pasa por territorio ecuatoriano, una proporción cuya metodología de cálculo no fue detallada en el comunicado oficial.
La investigación se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre las rutas marítimas del narcotráfico que atraviesan Ecuador. Los puertos comerciales del país constituyen puntos estratégicos para las exportaciones hacia América del Norte y Europa, circunstancia que también ha sido aprovechada por organizaciones criminales para intentar introducir drogas en contenedores de mercancías legales.
El proceso quedó bajo jurisdicción del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las instancias judiciales estadounidenses que conoce investigaciones sobre organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Hasta el 6 de noviembre de 2026, las autoridades habían confirmado las cinco detenciones y la presentación de los cargos federales, pero no se había informado oficialmente que todos los acusados hubieran sido extraditados o comparecido ante el tribunal estadounidense.
Los cinco procesados mantienen la presunción de inocencia respecto de estas acusaciones mientras no exista una sentencia condenatoria. La Fiscalía estadounidense deberá demostrar ante la Justicia la participación individual de cada acusado, el funcionamiento de la presunta conspiración y su vinculación con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
