El dato se desprende de los propios registros oficiales del programa del Ministerio de Desarrollo Humano, que pasó de 3.998 beneficiarios a 14.981 entre febrero y octubre de 2026, un incremento del 274,71%.
El programa de becas Ñachec “Colaboradores”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, registró un crecimiento acelerado en su padrón de beneficiarios de una asistencia financiera directa de entre $150 mil y $350 mil entre febrero y octubre de 2026, todo en la previa del año electoral en el Chaco.
Se trata de agentes precarizados que prestan servicios en terreno acompañando el programa Ñachec con el que el gobierno centraliza la atención social en toda la provincia.
De acuerdo con las planillas de liquidación y la resolución 3353-28-1/2026, el registro pasó de 3.998 a 14.981 personas, lo que representa un incremento del 274,71%. En resumen, en ocho meses, el gobierno provincial incorporó a 10.983 beneficiarios adicionales de las ayudas económicas.
En paralelo, los recursos mensuales autorizados para el pago de las becas crecieron un 214,17%, al pasar de $585.170.000 en febrero a $1.838.439.600 en octubre. Uno de los aumentos más pronunciados se registró entre junio y julio: el padrón ascendió de 4.586 a 8.448 beneficiarios en un solo mes, un salto del 84,21%, con un incremento de más de $402 millones en el monto autorizado.
El programa del gobierno contempla distintas categorías de colaboradores con funciones de acompañamiento, asistencia, apoyo, capacitación y entrenamiento laboral. Sin embargo, la magnitud de la expansión plantea interrogantes sobre las condiciones de ingreso, los mecanismos utilizados para verificar las contraprestaciones y la distribución territorial de los beneficiarios.
La resolución ministerial asigna a una unidad interna del Ministerio de Desarrollo Humano la responsabilidad de controlar, seguir y resguardar la documentación respaldatoria del programa. También resulta necesario determinar qué criterios justificaron la incorporación de miles de personas en un período tan breve y si existen registros públicos que permitan evaluar los resultados de las tareas realizadas.
Con casi 15 mil beneficiarios y más de $1.838 millones autorizados en un solo mes, los números —que surgen de registros administrativos del propio Gobierno provincial— abren el debate sobre qué tareas concretas realizan los beneficiarios y cómo se controla el destino de estos recursos.
