La iniciativa establece un procedimiento excepcional durante emergencias hidrometeorológicas. Prevé intimaciones de 24 horas, intervención judicial urgente, ingreso a predios privados con orden judicial, multas y restricciones para acceder a beneficios.
La diputada provincial Susana Maggio presentó un proyecto de ley para agilizar la actuación de la Administración Provincial del Agua (APA) frente a obras clandestinas o intervenciones que obstruyan el escurrimiento del agua y representen un riesgo para la población durante emergencias hidrometeorológicas declaradas en Chaco.
La iniciativa propone un procedimiento excepcional para casos como taponamientos de canales, bordos, terraplenes, canales clandestinos, perforaciones u otras obras no autorizadas que alteren el funcionamiento hídrico previsto por la Provincia. El mecanismo solamente podría aplicarse durante una emergencia declarada mediante decreto del Poder Ejecutivo y cuando exista un riesgo inminente para la seguridad pública.
Intimaciones de 24 horas y actuación judicial urgente
Una vez detectada una presunta infracción de oficio, mediante una denuncia o a través de dispositivos tecnológicos, la APA deberá realizar una constatación técnica y notificar al responsable. Si confirma la contravención, podrá intimarlo a restituir la situación anterior o cesar la conducta en un plazo máximo de 24 horas.
El presunto infractor tendrá, al mismo tiempo, 48 horas para presentar su descargo, aunque ese trámite no suspenderá las medidas preventivas dispuestas frente a la emergencia. Si no cumple con la intimación, o si la situación requiere una actuación inmediata, la APA deberá recurrir al juez competente.
El proyecto establece que el magistrado tendrá un plazo improrrogable de 24 horas para resolver la solicitud luego de analizar el acta técnica, la documentación de la APA y la proporcionalidad de la medida. La autorización judicial podrá habilitar el auxilio de la Policía, el ingreso y allanamiento de predios privados y la ejecución de trabajos para remover, abrir o destruir obras o realizar canalizaciones necesarias para reducir el riesgo hídrico.
Además de las multas previstas en el Código de Aguas, el responsable deberá afrontar el costo de los trabajos realizados por el Estado para restituir el lugar a su condición anterior. Esos montos podrán ser cobrados judicialmente por vía de apremio una vez que la resolución administrativa quede firme.
La propuesta también establece que quienes reciban una sanción firme sean incorporados al Registro de Contraventores de la APA. Mientras mantengan su situación irregular o deudas pendientes, quedarán inhabilitados para acceder a subsidios, exenciones fiscales, beneficios o programas de asistencia del Gobierno provincial.
En los fundamentos, Maggio sostiene que los procedimientos administrativos ordinarios pueden resultar demasiado extensos frente a inundaciones, crecidas, lluvias intensas o sequías. La legisladora plantea que terraplenes ilegales, desvíos de cauces y taponamientos pueden agravar una emergencia en zonas rurales y urbanas, por lo que considera necesario establecer un mecanismo que permita coordinar rápidamente la intervención de la APA con juzgados de paz y de faltas.
