Se suman dos nuevas señales que muestran el esfuerzo del gobierno por apurar las privatizaciones. El gobierno completó el equipo coordinador del proceso que lleva adelante Diego Chaer y la Comisión Nacional de Valores resucitó una norma de la década del 90 para flexibilizar los trámites requeridos para que las empresas puedan a salir a ofrecer sus acciones en el mercado de capitales.
Lo concreto es que el historial de balances a presentar que requiere el ente regulador, a partir del cual se determina el valor bursátil de la compañía, no es tarea sencilla y está frenando el proceso de privatización.
«No tengo plata para privatizar», sintetizó el titular de una de las empresas sujetas a oferta. «Sse necesitan estudios jurídicos y legales, consultores, contadores y abogados. Eso es un montón de plata», explicó.
«No lo van a poder hacer. No tienen idea. Les falta un Dromi que ordene el proceso, no tienen gente. Desde el punto de vista técnico el gobierno está muy flojo», dijo un ex funcionario del menemismo.
«No se entiende como van a estimar la cotización de la empresa», dijo otro ex funcionario y se refirió al caso de Enarsa. «No tenés flujo con excepción de la cuota parte del gasoducto Nestor Kirchner y los activos están metidos en fideicomisos. Si los transferis a sociedades, pasan a pagar una enormidad de impuesto a las ganancias. Se come la rentabilidad», dijo.
Ante este panorama, no parece casual que el gobierno quiera sacar a varias empresas públicas del control externo de la Auditoría General de la Nación. Son aquellas que el gobierno busca privatizar. Las mismas son Arsat, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Canal 7, Administración General de Puertos, la Casa de la Moneda, Educar, Aerolíneas Argentinas y Fabricaciones Militares, tal como reveló LPO en exclusiva.
Para el caso puntual de Arsat, LPO reveló que después del balotaje de 2023 que el Presidente tenía avanzadas las conversaciones con el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica Claro, para venderle Arsat. La maniobra inquietó entonces a los directivos de Clarín, que también pugna por la adquisición de la rentable firma estatal junto a Telefónica y Telecom.
El encargado de controlar la Arsat es Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo e hijo del ministro de Salud, Mario Lugones. Sin embargo, Sturzenegger se habría dedicado durante semanas a la elaboración de la ley Hojarascas, con un propósito similar, tal como contó este medio.
