La contactaron desde cuentas ligadas a sectores antiderechos tras reclamar a su prepaga la cobertura del misoprostol. Investigan el origen de la información.
Organizaciones sociales de derechos humanos están en estado de alerta por la filtración de datos personales de una mujer que tuvo que realizarse una interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de Buenos Aires y fue contactada desde una cuenta que está ligada a organizaciones antiderechos. La mujer presentó una denuncia penal que pide, entre otras cosas, que se investigue si “si personal de Medicus o cualquier otro organismo público o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional”. Preocupa además la aparición de otros casos en los que algunas prepagas incumplen la ley 27.610, al obstaculizar el acceso al aborto.
Esta semana la Red de Abogadas Feministas presentó una denuncia penal para que se investigue el acceso ilegítimo y circulación de datos médicos sensibles vinculados a salud sexual y reproductiva de una mujer por los posibles delitos de acceso ilegítimo a bases de datos personales, violación del secreto médico/profesional y ejercicio ilegal de la medicina.
El 7 de mayo, Alejandra Iriarte, integrante de la Red, quiso comprar Misoprostol para realizar una ILE indicada por su médico obstetra ya que se había interrumpido de manera espontánea el embarazo que cursaba. Pidió autorización a su prepaga y le autorizaron la cobertura del 40 por ciento del costo. “Mandé un email a Medicus diciendo que la ley establece el 100 por ciento y al mismo tiempo llené el formulario de la Superintendencia de Servicios de Salud para casos de ILE/IVE. No me contestaron, ninguno de los dos”, dijo Alejandra a PáginaI12. Al día siguiente Alejandra fue contactada vía WhatsApp y teléfono insistentemente, por personas desconocidas que le consultaban “si había confirmado el embarazo” y la invitaban a una “charla informativa gratuita” en Viamonte y Talcahuano.
“En dicha conversación expresé mi absoluto asombro y preocupación respecto del conocimiento y circulación de información sumamente sensible vinculada a mi estado de salud y situación médica. Frente a esto no me dieron ninguna respuesta. Yo en ese momento no entendí de qué se trataba y me despedí dando por finalizada la conversación. Posteriormente les escribí por WhatsApp para consultarles de donde habían obtenido mis datos pero no obtuve respuesta”, denunció Alejandra. También denunció que “dichas personas se identifican o se vinculan con una página de Instagram y Facebook denominada ‘tudecision.embarazo’, donde realizan publicaciones vinculadas a embarazos no deseados. Que esta información se encuentra disponible en la descripción de su WhatsApp”.
En la denuncia, solicitó que se investigue:
1 “Cómo obtuvo la organización y/o página ‘tudecision.embarazo’ mis datos personales y mi información médica sensible.
2 Si existió acceso ilegítimo a bases de datos personales y/o filtración de información confidencial vinculada a mi historia clínica o trámites de cobertura médica.
3 Si personal de Medicus o cualquier otro organismo público, o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional.
4 Si la organización mencionada se encuentra realizando prácticas compatibles con el ejercicio ilegal de la medicina y/o captación indebida de personas en situaciones vinculadas a salud sexual y reproductiva”.
La cuenta ‘tudecisión.embarazo’ fue creada en el mes de abril y tiene 1 seguidor.
Allí hablan de “embarazo inesperado”, lo que remite a una concepción acerca de la gestación que suelen reproducir grupos religiosos que promulgan en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir si quieren llevar adelante un embarazo, en Argentina y América Latina. Hay otras cuentas conceptual y estéticamente similares de Argentina y Chile. Y numerosas páginas web de organizaciones antiderechos que ofrecen consejos y charlas a las mujeres que se encuentran cursando un “embarazo inesperado”. Como denunció este diario el año pasado, estas organizaciones ya desembarcaron en la ciudad de Buenos Aires e intervienen en casos de lo que llaman “embarazos vulnerables” para persuadir a las mujeres de no abortar.
Finalmente Alejandra tuvo que recurrir al hospital Argerich para llevar adelante el procedimiento. De todas formas, decidió hacer la denuncia para que se investigue quién filtró sus datos. “La situación es super grave. Estamos hablando de datos médicos sensibles y de información protegida por el secreto profesional y el derecho a la intimidad. Me preocupa profundamente pensar en cuántas otras mujeres y personas gestantes –muchas atravesando situaciones de enorme vulnerabilidad– pueden quedar expuestas a este tipo de persecución, presión o captación por parte de estos grupos”, dijo Alejandra. En el mismo sentido, desde la Red de Abogadas Feministas plantearon que “ninguna persona debería ser contactada por terceros que manejan información sobre su embarazo, sus decisiones reproductivas o sus tratamientos médicos sin consentimiento. Resulta especialmente preocupante que estos contactos estuvieran vinculados a perfiles relacionados con organizaciones que intervienen sobre embarazos no deseados y sectores antiderechos. También exigimos que se investigue si la filtración pudo haber provenido de una empresa de medicina prepaga, organismos públicos o circuitos vinculados al sistema de salud. La confidencialidad en el acceso a la ILE/IVE es un derecho, que comprende el derecho a la privacidad, al secreto médico y al acceso seguro a la salud sexual y reproductiva.”
Más allá de la filtración de datos, el caso evidencia otro problema: la actuación de la prepaga, que según relató Alejandra, entorpeció el acceso a la ILE, desconociendo la ley. Un problema que excede este caso puntual. Viviana Mazur, Referente Acceso IVE/ILE, Coordinación Salud sexual VIH e ITS del gobierno de la ciudad, dijo a este diario que si bien algunas prepagas garantizan el acceso a ILE/IVE, otras dan vueltas y las usuarias terminan resolviendo en sistema público. Según explicó “antes de la ley, las obras sociales y las prepagas hacían mucho más lo que querían, muy pocas daban acceso a ILE, y había algunas otras que venían dando acceso”. “El panorama era super restrictivo, había médicos/as que hacían ILE en el público pero en las prepagas no hacían porque sentían que no tenían respaldo para hacerlo y que tampoco había módulos que les pagaran adecuadamente esa prestación”, agregó.
A partir de la aprobación de la ley, desde la Coordinación entraron en diálogo con algunos efectores privados, hicieron capacitaciones y articularon con distintas prepagas y obras sociales y algunas respuestas de estas instituciones fueron mejorando pero todavía tienen que intervenir ante reclamos de usuarias que no reciben respuestas adecuadas de los privados frente a la necesidad de una ILE/IVE.
Frente a este panorama, la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las redes de profesionales de la salud que trabajan en los espacios de salud pública y privada de CABA y docentes por el derecho al aborto que imparten ESI en las escuelas, están en alerta por el tema y lo sumarán a sus acciones del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
