La ola de intimidaciones públicas no da tregua. El Ministerio de Seguridad y la Policía provincial confirmaron que los casos se duplicaron en el interior, con Sáenz Peña y Charata como los focos más críticos. Cibercrimen rastrea las redes sociales.
La psicosis que mantiene en vilo a la comunidad educativa del Chaco ha alcanzado una magnitud sin precedentes. Según el último informe oficial emitido por las direcciones de Seguridad Metropolitana e Interior, la cifra de instituciones que han recibido amenazas de tiroteos y ataques violentos escaló a 193 establecimientos, dejando un saldo —hasta el momento— de cuatro menores de edad detenidos tras una serie de allanamientos coordinados.
El mapa del conflicto
El reporte policial revela una preocupante expansión del fenómeno hacia el interior provincial, que ya supera en cantidad de casos al área metropolitana.
Interior (106 casos): La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña lidera la estadística con 29 episodios, seguida de cerca por Charata con 27 y Villa Ángela con 22. La tensión también se extiende a General San Martín y Juan José Castelli.
Área Metropolitana (87 casos): En el Gran Resistencia, la capital concentra 53 denuncias. La zona portuaria (Barranqueras y Puerto Vilelas) registra 11 casos, mientras que Fontana suma 7.
El modus operandi y la respuesta táctica
La mayoría de las amenazas se han propagado a través de plataformas digitales y redes sociales, utilizando el anonimato para generar pánico masivo. Ante esta situación, la división de Cibercrimen trabaja en conjunto con la justicia provincial para identificar las direcciones IP y los dispositivos de origen.
”No estamos ante simples bromas estudiantiles; estamos ante delitos de intimidación pública tipificados en el Código Penal”, advirtieron fuentes policiales vinculadas a la investigación.
Como medida de contingencia, la Jefatura de Policía mantiene activos operativos de vigilancia fija y móvil en los ingresos a los edificios escolares, buscando garantizar la integridad física de los alumnos y el personal docente.
Consecuencias legales
Las autoridades han sido tajantes: el hecho de que los presuntos autores sean menores de edad no los exime de responsabilidades judiciales. Los cuatro detenidos hasta la fecha enfrentan causas que podrían derivar en sanciones severas para sus tutores legales, además de los antecedentes penales correspondientes.
La alarma persiste, y mientras las fuerzas de seguridad refuerzan el patrullaje, la justicia busca determinar si existe una conexión organizada entre los diferentes focos de amenaza o si se trata de un efecto “contagio” potenciado por la viralidad digital.
