La agencia de recaudación reivindicó que la norma “le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
El gobierno reglamentó este lunes la ley de inocencia fiscal, a través del decreto 93/2026, y activó el Régimen Simplificado de Ganancias para abaratar multas por evasión, un atajo para que los argentinos terminen ingresando al sistema “los dólares del colchón”. Con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, terminaron de poner en marcha un andamiaje jurídico que exime a los evasores de fiscalización patrimonial, se elevan los pisos para la aplicación de sanciones y se acortan los plazos para la prescripción de la acción del Estado.
Sin embargo, el comunicado celebratorio de ARCA deja al descubierto un desvergonzado apoyo a la elusión fiscal. “La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, dice el cuarto párrafo del texto.
Y más abajo ARCA afirma que “evadir ya no va a ser un delito penal”. “Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal”, completa.
La ley fue sancionada en diciembre con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso: en la Cámara de Diputados el oficialismo y sus aliados se impusieron por 130 votos contra 107, mientras que en el Senado el saldo fue de 43 votos por la afirmativa y 26 por la negativa. El peronismo optó por el rechazo en las dos ocasiones.
Crisis en la UIF: la Argentina se expone a sanciones del GAFI por la ley de Inocencia Fiscal de Caputo
Por eso, el diputado Martín Soria salió al cruce del gobierno por X. “Le dicen inocencia fiscal pero quieren impunidad fiscal a costa de menos obras, salud y peores jubilaciones. Todo para blindar evasores”, posteó.
Además, expresó que “aunque no le guste a Milei, Caputo y sus socios, la evasión es -y seguirá siendo- delito penal por ley”.
Su colega Guillermo Michel advierte que el problema de esta norma es que “le exige a los bancos que no requieran ninguna información ni documentación adicional para los depósitos”.
Por otra parte, las exigencias del GAFI pueden terminar afectando la calificación de la Argentina. Ya el año pasado, el por entonces titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, tuvo que intervenir con un ofrecimiento para que el blanqueo del 2025 fuera para solo para residentes.
El organismo que persigue el lavado de activos estuvo a punto de poner al país “en la lista gris” entre 2024 y 2025, tal como informó LPO. Una fuente al tanto de la situación comentó que en el último informe de “evaluación mutua” entre el GAFI y la Argentina “se hizo mucho hincapié en el riesgo de lavado que generaba el mercado informal de divisas”, y deslizó que “habría que estar atentos a lo que a que le digan a la Argentina en el próximo plenario, en base al seguimiento que se le hacía con las acciones recomendadas”.
En efecto, Caputo y su socio, Santiago Bausili, presionaron al ex jefe de la UIF, Paul Starc, hasta que lograron su renuncia. La ferocidad del ministro de Economía y el presidente del Banco Central se basaba en la supuesta demora de Starc para adecuar la ley de inocencia fiscal a los parámetros del GAFI, algo que el gobierno precisaba con urgencia para conseguir los dólares que los argentinos mantienen por fuera del sistema.
De hecho, fuentes de la UIF dijeron a LPO que Starc se resistía porque la inocencia fiscal choca con la ley de lavado. En el organismo de control opinaron que será difícil para el gobierno defender la posición argentina en el plenario del GAFI.
