El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal, que implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales. La dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados.
El Gobierno acelera la motosierra y prepara un recorte en organismos descentralizados y empresas públicas tras haber reducido más de 53.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión. El Ejecutivo quiere replicar el ajuste que realizó entre 2023 y julio de 2025 para ampliar un 10% más las bajas del personal estatal.
“Quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, expresan en Nación. En el gabinete hubo malestar durante 2024 cuando el exjefe de gabinete Nicolás Posse bajó un porcentaje de reducción obligatorio de los empleados contratados. Los ministros argumentaron que eran los que más funciones cumplían y que no había mayor masa de reducción.
En la Casa Rosada apuntan contra el régimen de los trabajadores estatales permanentes y advierten que el margen de maniobra en la administración centralizada -como ministerios y secretarías- es limitado. Nación aparte ya no cuenta con las facultades delegadas que le permitieron reformar la estructura estatal.
Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende actualmente a 282.570 empleados, de forma que alcanzar una reducción del 10% implica eliminar alrededor de 28.000 puestos adicionales en el transcurso de un año. Los ministerios concentran poco más de 39.000 empleados, los organismos descentralizados abarcan 116.900, los desconcentrados incluyen 22.000 y otros entes, 14.000.
El foco principal está puesto en los organismos descentralizados, que hoy concentran cerca de 117.000 empleados. La estrategia oficial no apunta al cierre masivo de entes, sino a la eliminación de áreas duplicadas, la reorganización funcional y a la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera poco más de la mitad del ajuste total, el recorte debería rondar los 15.000 a 16.000 puestos, lo que equivale a una reducción interna de alrededor del 13% de su planta.
El segundo bloque bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, que cuentan con una dotación cercana a los 90.000 trabajadores. Para completar el recorte total del 10%, ese universo debería aportar unas 12.000 a 13.000 bajas, lo que representa una reducción de alrededor del 14%. En este caso, el Gobierno contempla como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas computen como despidos directos.
La articulación de la “motosierra 2.0” está coordinada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza ese esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y consolidar el congelamiento de ingresos. En el Gobierno aseguran que el ajuste continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres del año próximo.
Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) anunció que evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar.
