Ante la Fiscalía Federal de Resistencia, el vicepresidente a cargo de la presidencia de la Bolsa de Comercio del Chaco, Esteban Fossati, y el prosecretario Gustavo Zini desligaron al Consejo Directivo de las operatorias con cheques y pagarés no garantizados. También declaró el Gerente General, Julio Barrios Cima, quien, por el contrario, atribuyó responsabilidades al Consejo. La Justicia investiga si hubo uso de información privilegiada en maniobras que derivaron en pérdidas millonarias, que incluyen al municipio de Sáenz Peña.
En el marco del escándalo por pérdidas millonarias derivadas de la operatoria con cheques y pagarés no garantizados (NOGA), la cúpula de la Bolsa de Comercio del Chaco comenzó a declarar ante la Fiscalía Federal de Resistencia y buscó tomar distancia de las maniobras bajo investigación. Los directivos aseguraron que no participan en las operaciones diarias y trasladaron la responsabilidad tanto a áreas técnicas de la entidad como a los propios inversores.
Según pudo reconstruir LITIGIO, durante sus testimonios, el vicepresidente a cargo de la presidencia, Esteban Fossati, y el prosecretario Gustavo Zini sostuvieron que el Consejo Directivo no interviene en la operatoria, y que el control de estas transacciones recaía específicamente en tres personas: el gerente general, Julio Barrios Cima; el gerente de Inversiones, Eduardo Javier Alvaredo y el gerente de Financiamiento, Germán Armando Vaqué.
Zini y Fossati explicaron que estos funcionarios eran los encargados de supervisar tanto el vínculo con los inversores como la evaluación de riesgo de los instrumentos negociados. En esa línea, remarcaron que para operar en el segmento no garantizado no alcanza con tener un perfil conservador.
Por el contrario, indicaron que cada inversor debe ingresar a su cuenta personal en el home broker y modificar su perfil a “moderado” (hay tres tipos de perfiles, este es el intermedio), aceptando así los riesgos de este tipo de colocaciones. Deslizaron que nadie puede ser llevado a invertir sin su consentimiento, al sostener que el sistema exige el uso de contraseña individual para habilitar estas operaciones.
El planteo de los directivos fue más allá: sugirieron que las elevadas rentabilidades que ofrecían estos instrumentos —muy superiores a las de opciones conservadoras— fueron un factor determinante para que los propios inversores decidieran asumir riesgos. En ese sentido, rechazaron la posibilidad de que las operaciones se hayan realizado de manera inconsulta y apuntaron a una responsabilidad compartida.
Tensión en la Bolsa
Uno de los momentos más tensos relatados en la causa fue una reunión entre autoridades de la Bolsa e inversores afectados. Allí, Fossati habría confrontado especialmente a integrantes del grupo inversor conformado por Diego y Estaban Diez, quienes aseguraban tener perfiles conservadores. Según su versión, la entidad cuenta con registros de los accesos al sistema y afirmó tener el detalle de las veces que ingresaron al home broker, lo que —según sostuvo— contradice la idea de una operatoria desconocida por parte de los clientes.
No obstante, desde la propia conducción admitieron limitaciones en los mecanismos de control interno. Señalaron que el Consejo Directivo recibía informes periódicos elaborados por Barrios Cima, pero que serían en formato de planillas Excel y sin detalle específico sobre las operaciones en el segmento NOGA, en la que el riesgo crediticio recae exclusivamente sobre el librador del instrumento, sin garantía del mercado ni del agente intermediario. Recién tomaron dimensión del problema —afirmaron— cuando comenzaron a llegar cartas documento de inversores tras los primeros cheques rechazados.
En paralelo, indicaron que la entidad inició sumarios internos contra Alvaredo, Vaqué y el propio Barrios Cima, a quien señalaron como una figura central en el esquema investigado. Según explicaron, la estructura operativa distingue entre una gerencia de inversiones —encargada de canalizar fondos de inversores— y una de financiamiento —que vincula a quienes buscan recursos, como los libradores de cheques—, lo que ubica a Alvaredo en el nexo con empresas emisoras como las involucradas en los documentos rechazados.
Bajo la lupa judicial también aparece la posible articulación entre estos actores y el empresario agrícola de Charata, Rubén Médula, señalado como uno de los principales libradores de cheques sin fondos. La hipótesis que analiza la fiscalía es si existió conocimiento previo sobre su situación de insolvencia y, pese a ello, se promovió la colocación de esos instrumentos, lo que podría configurar un caso de abuso de información privilegiada.
En cuanto a la operatoria del sector público, los directivos ratificaron que el secretario de Gobierno -en uso de licencia-, Diego Landriscina era el mánager de la cuenta del Municipio de Sáenz Peña y que se encontraba formalmente autorizado para operar. Según indicaron, la Bolsa se limitaba a ejecutar las órdenes impartidas por el responsable designado por la comuna.
También declaró Barrios Cima. Según pudo saber este medio, el Gerente General de la Bolsa atribuyó responsabilidades al Consejo Directivo por la falta de supervisión y control. Señaló además a la Gerencia de Inversiones por las falencias en el control de los perfiles de libradores de cheques, y ratificó la responsabilidad absoluta de Landriscina en las operaciones que vincularon al municipio encabezado por Bruno Cipolini.
En cuanto a la investigación, fuentes cercanas al expediente informaron a LITIGIO que los teléfonos secuestrados en los allanamientos fueron enviados a peritaje a Gendarmería Nacional, mientras que los análisis financieros y contables estarán a cargo del Departamento de Delitos Financieros de la Policía Federal, que participó en los allanamientos. Ahora la pesquisa de la Justicia Federal se centrará de lleno en el municipio de Sáenz Peña.
El escándalo
La causa, radicada en la Justicia Federal de Resistencia, se originó a mediados de febrero a partir de una denuncia del abogado y exsocio de la entidad Víctor Ruiz Díaz, quien alertó sobre posibles delitos vinculados a operatorias en el mercado de capitales, en el marco de una presunta estafa con pérdidas cercanas a los 8 mil millones de pesos.
De acuerdo a la presentación, inversores privados y organismos públicos —entre ellos el municipio de Sáenz Peña— habrían colocado fondos en la Bolsa de Comercio en el segmento no garantizado utilizando cheques de pago diferido que luego fueron rechazados por falta de fondos.
Por pedido del fiscal Patricio Sabadini, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó allanamientos en las oficinas de la Bolsa de Comercio, la Municipalidad de Sáenz Peña y en el domicilio de Landriscina. También hubo operativos en las sedes de las empresas Italar SRL y Xima SRL, en Charata, y en la vivienda del empresario Médula, dueño de Agro ASA Soluciones.
Para la fiscalía federal, los hechos podrían encuadrar —de manera provisoria— en delitos de abuso de información privilegiada, lavado de dinero, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Por otro carril avanza una investigación en la justicia ordinaria, en la fiscalía 3 de Sáenz Peña a cargo de Marcelo Soto. Se originó a partir de una denuncia del diputado provincial justicialista Santiago Pérez Pons y de los concejales Leonardo Arrudi, Fernando Tevez y Dina Pereyra.
La denuncia apunta al intendente Cipolini; al contador Landriscina y a la secretaria de Economía Alejandra Quintana. Los legisladores solicitaron que se investigue la responsabilidad de la cúpula municipal en una serie de operaciones financieras “especulativas” que habrían puesto en riesgo el patrimonio público y que ocasionaron pérdidas por casi 2 mil millones de pesos a las arcas comunales.
La presentación subraya que estas inversiones se habrían realizado sin previsión presupuestaria específica, sin actos administrativos formales y sin control del Concejo Deliberante, ya que el Ejecutivo prescindió de su deber de informar. Además del hecho contradictorio de, por un lado, disponer de capital para maniobras bursátiles de riesgo, cuando por el otro, los presupuestos de 2025 y 2026 fueron aprobados con déficit primario y financiero.
Con el escándalo en boca de todos, aparecieron las acusaciones cruzadas. El intendente Cipolini salió a mostrarse como damnificado. Sostuvo que el municipio es “víctima” de una decisión inconsulta de la Bolsa, aseguró que las inversiones autorizadas eran de carácter conservador y anunció que denunciará a los directivos de la entidad. “Les digo a los inversores del Chaco: váyanse de la Bolsa de Comercio”, pidió.
Con todo, el municipio de Sáenz Peña obtuvo una medida cautelar que dispuso un embargo preventivo cercano a los 1.800 millones de pesos contra la Bolsa para garantizar la restitución de los fondos. La Bolsa buscó revertir este embargo a través de una acción de amparo, la cual fue rechazada el miércoles por el Superior Tribunal de Justicia que la declaró inadmisible in limine.
El STJ subrayó que las discrepancias con las decisiones adoptadas en el proceso principal, aunque se las considere arbitrarias, deben canalizarse a través de los recursos previstos por la ley, cuya función es precisamente permitir el control y la corrección de esas decisiones.
REVISTA LITGIO
