En medio del escándalo por pérdidas millonarias de inversores, la Justicia Federal citó a declarar a parte de la cúpula de la Bolsa de Comercio del Chaco. Entre los convocados, en calidad de testigos, están Darío Turletti y Esteban Fossati, presidente y vice, respectivamente. La investigación apunta a posibles delitos de lavado de activos y abuso de información privilegiada.
En el marco del escándalo por pérdidas millonarias sufridas por un grupo de inversores de la Bolsa de Comercio del Chaco que operaban con instrumentos no garantizados, fueron citados a declarar ante la Fiscalía Federal de Resistencia cinco integrantes del Consejo Directivo de la entidad bursátil. Está previsto que comparezcan entre el martes y viernes de esta semana.
Según pudo saber LITIGIO, los convocados por el fiscal federal Patricio Sabadini son el presidente de la Bolsa (actualmente con licencia), Darío Turletti; el vicepresidente (a cargo de la presidencia), Esteban Fossati; el prosecretario, Gustavo Zini; el protesorero, Silvio Varrone; y uno de los vocales titulares, Carlos Caram. Todos fueron citados en calidad de testigos.
La causa, radicada en la Justicia Federal de Resistencia, se originó a mediados de febrero a partir de una denuncia del abogado y exsocio de la entidad Víctor Ruiz Díaz, quien alertó sobre posibles delitos vinculados a operatorias en el mercado de capitales, en el marco de una presunta estafa con pérdidas cercanas a los 8 mil millones de pesos.
De acuerdo a la presentación, inversores privados y organismos públicos —entre ellos el municipio de Sáenz Peña— habrían colocado fondos en la Bolsa de Comercio en el segmento no garantizado utilizando cheques de pago diferido que luego fueron rechazados por falta de fondos. Uno de los puntos bajo análisis es que los libradores ya se encontraban en situación de insolvencia al momento de las operaciones.
A pedido de Sabadini, la jueza federal Zunilda Niremperger autorizó múltiples allanamientos en el marco de una causa que aún se encuentra en una etapa preliminar, pero que el fiscal ya calificó como vinculada a delitos “netamente federales”.
Los procedimientos, realizados por efectivos de la Policía Federal, se llevaron a cabo en oficinas del Municipio de Sáenz Peña y en el domicilio particular del secretario de Gobierno de esa comuna, Diego Landriscina. También fueron allanadas las sedes de las empresas Italar SRL y Xima SRL, en la ciudad de Charata, y el domicilio del empresario agropecuario Rubén Médula, propietario de la firma Agro ASA Soluciones, también en esa localidad del sudoeste chaqueño. También fueron allanadas oficinas de la Bolsa de Comercio del Chaco y el domicilio del gerente general de esa entidad, Julio Barrios Cima.
Médula habría sido el librador de los cheques de pago diferido que comenzaron a acumularse sin cobertura, lo que terminó generando pérdidas millonarias entre los inversores de la Bolsa de Comercio del Chaco.
Según registros del Banco Central, hasta mediados de febrero de 2026 el empresario acumulaba 195 cheques rechazados por más de 3.500 millones de pesos, mientras que su exposición financiera con entidades bancarias rondaba los 4.900 millones de pesos. La cadena de rechazos comenzó en diciembre de 2025 y se extendió durante los meses siguientes, en un contexto en el que los documentos habrían sido negociados en segmentos no garantizados del mercado de capitales a través de la Bolsa de Comercio del Chaco.
Para la fiscalía federal, los hechos podrían encuadrar —de manera provisoria— en delitos de abuso de información privilegiada, lavado de dinero, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación local
En paralelo se desarrolla una investigación iniciada a partir de la denuncia penal presentada por el diputado Santiago Pérez Pons y concejales justicialistas de Sáenz Peña ante la Fiscalía Nº 3 de esa ciudad, a cargo del fiscal Marcelo Soto.
La acusación apunta a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de un escándalo financiero que comprometería fondos municipales por montos estimados entre 1.500 y 2.500 millones de pesos, invertidos en operaciones no garantizadas.
Según el extenso documento al que tuvo acceso este medio, el municipio habría destinado recursos públicos a instrumentos financieros no garantizados en el Mercado Argentino de Valores (MAV), específicamente cheques de pago diferido emitidos por una empresa privada que actualmente enfrenta problemas de liquidez, perteneciente al empresario Rubén Médula.
La denuncia sostiene que estas operaciones se habrían realizado sin previsión presupuestaria específica, sin acto administrativo formal que las autorice y sin intervención del Concejo Deliberante, órgano encargado del control político sobre el Ejecutivo municipal.
Posteriormente, el diputado Pérez Pons aportó nueva documentación sobre las operatorias e incluso reveló que el secretario de Gobierno Diego Landriscina —quien tomó licencia en medio del escándalo— habría cobrado más de 14 millones de pesos en comisiones por su rol como administrador de la cuenta del Municipio de Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio del Chaco.
Según reveló la propia Bolsa de Comercio del Chaco, el municipio operaba en el segmento de operaciones no garantizadas desde 2023 y había obtenido ganancias —con rendimientos que duplicaban los de un plazo fijo— hasta que la cadena de pagos se interrumpió y la empresa libradora dejó de cubrir los cheques emitidos, generando el actual conflicto con los inversores, hoy acreedores. Según la entidad, se limitaban a ejecutar las instrucciones de Landriscina, el manager de la cuenta.
Por su parte, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, sostuvo en dos conferencias de prensa que el municipio es “víctima” de la situación, aseguró que la comuna nunca operó con instrumentos de alto riesgo y responsabilizó a la Bolsa de Comercio del Chaco por lo ocurrido. “Les digo a los inversores del Chaco: váyanse de la Bolsa de Comercio”, pidió, para luego anunciar que denunciará a los directivos de la entidad.
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