El bloque de diputados provinciales oficialista impulsa un proyecto para cubrir una eventual acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo del Chaco con mayoría simple, exceptuando los dos tercios exigidos por la ley que creó ese organismo en la provincia y que lo dota de mayor legitimidad y autonomía del Poder Ejecutivo al que debe controlar. De aprobarse sería otro grave retroceso institucional impulsado por los “paladines de la transparencia”.
La Cámara de Diputados del Chaco tiene sobre la mesa un proyecto de ley que, presentado con el modesto camuflaje de una “corrección técnica”, esconde una reforma de fondo: permitir que el Defensor del Pueblo —o su reemplazante— sea designado por simple mayoría en casos de acefalía: por fallecimiento, renuncia o jubilación.
La ley vigente, la 843-A, exige una mayoría agravada de dos tercios del cuerpo legislativo para elegir al Defensor del Pueblo. No es un capricho burocrático: es una garantía deliberada de que quien ocupe ese cargo cuente con legitimidad amplia, consenso transversal y, sobre todo, independencia respecto del poder de turno. La lógica es tan elemental como incómoda para quien gobierna: el Defensor controla al Estado, luego no puede ser elegido únicamente por quienes conducen ese Estado.
El proyecto oficialista, sin embargo, encuentra un resquicio. Ante la ausencia de una previsión expresa para los casos de vacancia por fallecimiento, renuncia o jubilación, propone cubrir esa laguna legal habilitando la designación transitoria por mayoría simple. La justificación técnica tiene cierta coherencia formal, es verdad. El problema es lo que habilita en la práctica.
Un “transitorio” que puede durar años
El reemplazante así designado completaría “el plazo de tiempo restante hasta la nueva designación”. En un mandato de cuatro años, ese plazo restante puede ser de tres años, de dos, o de cualquier extensión que la política determine conveniente. Un Defensor del Pueblo elegido con los votos exclusivos del bloque gobernante y en ejercicio durante la mayor parte de su mandato no es, en ningún sentido sustantivo, un organismo de control independiente: es una escribanía con otro nombre.
La historia institucional argentina —y la chaqueña en particular— ofrece sobrados ejemplos de cómo los “mecanismos transitorios” tienden a volverse permanentes cuando resultan convenientes para quien los impulsa.
El argumento del vacío legal
Los fundamentos del proyecto reconocen, con llamativa transparencia, que la ley original no contempla escenarios de acefalía y que eso genera “inferencias complejas”. Es cierto. Pero la solución a un vacío legal no puede ser llenarlo con el mecanismo que más le conviene al oficialismo de turno. Podría haberse optado por mantener la mayoría agravada incluso en casos de vacancia, o por establecer un interinato automático del Defensor Adjunto sin necesidad de nueva votación. No se eligió ese camino.
En cambio, se propone que sea la propia Cámara —por simple mayoría— quien decida entre los candidatos que ya participaron del concurso previo. Un procedimiento que, con la composición actual del Parlamento chaqueño, solo le demandaría al oficialismo convencer a un diputado opositor para apoyar el nombramiento de un candidato de su propio riñón.
Institucionalidad de papel
El Defensor del Pueblo es, junto al Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, uno de los pilares del sistema de frenos y contrapesos provincial. Su fortaleza no depende solo de sus atribuciones formales sino de su origen: un Defensor que debe su cargo a los dos tercios del Parlamento le debe su legitimidad a toda la representación política; uno que lo debe a la mayoría simple se lo debe, en los hechos, a una sola fuerza.
Que el proyecto provenga del oficialismo radical —que históricamente se ha proclamado defensor de las instituciones republicanas— agrega una capa de ironía difícil de ignorar.
Nada de esto es nuevo en el radicalismo, al menos en el Chaco. Si bien la figura constitucional del Defensor del Pueblo fue puesta en marcha durante la gestión de Jorge Capitanich, no hubiera sido posible sin los votos del por entonces opositor radicalismo chaqueño. Pero para ello, el peronismo debió aceptar la propuesta del radicalismo de crear el cargo de Defensor Adjunto, algo que no estaba previsto en la Constitución Provincial, de hecho es un cargo cuasi decorativo. No solo eso, también se especificó que debía ser abogado, para que pueda nombrarse al doctor Daniel Illia, por entonces esposo de la diputada provincial Alicia Mastandrea. Para la segunda elección de Defensor del Pueblo Adjunto, se volvió a retirar el requisito de ser abogado para que el designado pueda ser Víctor Hugo Maldonado, actual subsecretario de Derechos Humanos del Chaco.
Los fundamentos de nuevo texto hablan de “buena gobernanza” y de llenar vacíos legales para fortalecer una institución constitucional autónoma. Pero una institución de control no se fortalece facilitando su captura. Se fortalece exactamente al revés: haciendo más exigente, no más sencillo, el camino para designar a quien debe mirarle las manos al poder.
REVISTA LITIGIO
