El manejo del Fondo Estímulo Productivo (FEP) escaló a nivel político y ya no se trata de una discusión técnica puertas adentro del Ministerio. El Interbloque Frente Chaqueño presentó un pedido formal de interpelación al ministro de Producción, Oscar Pablo Dudik, para que explique en el recinto lo que consideran un “cambio arbitrario” en el régimen de liquidación del fondo y el bloqueo del pago correspondiente a enero.
Según la iniciativa legislativa, las resoluciones dictadas este año modificaron sustancialmente la base de cálculo y los criterios de integración del FEP, afectando directamente el monto que perciben los trabajadores. Pero lo que encendió la alarma fue la presunta retención o demora en el pago ya fijado por resolución ministerial previa, situación que —según advierten— no fue debidamente fundamentada ni transparentada.
En el pedido se exige información detallada sobre la legalidad de las nuevas resoluciones, la intervención de órganos de control, el estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a adicionales salariales y la eventual subejecución del gasto. Traducido: quieren saber si hubo un recorte encubierto.
Además, se pone bajo la lupa una resolución que habría incorporado apercibimientos y advertencias disciplinarias, lo que desde la oposición interpretan como un mecanismo de presión frente a reclamos internos.
“El FEP no es discrecional ni es un premio, es parte del ingreso de los trabajadores”, sostienen desde el interbloque. Y agregan que si el Ejecutivo modificó condiciones ya vigentes o condicionó pagos establecidos, deberá explicarlo formalmente ante la representación legislativa.
En un contexto donde los salarios estatales vienen golpeados por la pérdida del poder adquisitivo, cualquier alteración en los adicionales se traduce en impacto directo en el bolsillo. Y ahí es donde el conflicto deja de ser administrativo para convertirse en político.
La interpelación no es un trámite menor: obliga al ministro a concurrir al recinto y responder punto por punto un pliego de preguntas que incluye dictámenes técnicos, trazabilidad presupuestaria y fundamentos jurídicos del cambio de régimen.
La discusión de fondo es clara: ¿hubo una revisión técnica o una decisión política de ajuste? La respuesta, ahora, deberá darse en la Legislatura.
Porque cuando lo que está en juego es salario, la transparencia no es opcional.
