La tensión en el sistema financiero chaqueño dejó de ser silenciosa. La decisión del gobernador Leandro Zdero y su equipo de impulsar al Nuevo Banco del Chaco y a su sociedad de bolsa, Nuevo Chaco Bursátil, a salir a captar inversores en medio del escándalo por cheques no garantizados desató una fuerte bronca en la conducción de la Bolsa de Comercio local.
En el mercado no lo leen como una simple estrategia comercial. La interpretación que circula es más directa: el Gobierno provincial estaría decidido a concentrar poder dentro del sistema financiero y garantizarle al banco oficial mayores ganancias y fondos frescos, aprovechando la incertidumbre que atraviesa la plaza bursátil.
Lejos de buscar calmar el escenario, sostienen en la Bolsa, la Provincia habría visto una oportunidad para quedarse con una porción relevante de clientes que evalúan cerrar sus cuentas comitentes y trasladar sus inversiones hacia Nuevo Chaco Bursátil.
La disputa no es menor. Combina poder político, mercado financiero, regulación nacional y —principalmente— mucha, mucha guita en juego.
El banco provincial no es un competidor más. Administra depósitos públicos y cuentas sueldo estatales, lo que le otorga una posición estructural dominante. Y ahora busca disputar directamente el mismo segmento de inversores que históricamente operaron en la Bolsa.
A esto se suma otro dato que en el mercado no pasa desapercibido: hoy Nuevo Chaco Bursátil está dirigido por Marcelo Santalucía, con pasado en la Bolsa de Comercio, y por Lucas Figueras, exlarretista y actualmente cercano a Santiago Caputo. Una conducción con vínculos políticos que refuerzan la lectura de que la ofensiva no es puramente técnica.
Mientras tanto, en la Bolsa se analiza una batería de medidas para intentar contener lo que internamente ya describen como una posible “hemorragia” de carteras en los próximos días, en un contexto además atravesado por la presión regulatoria y la mirada de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Puertas adentro también se esperan cambios. La principal versión que circula indica que la salida del gerente general, Julio Barrios Cima, estaría casi asegurada como parte de una reestructuración destinada a enviar una señal al mercado.
La pelea ya está planteada. No se trata solo de competencia entre instituciones: es una disputa por el control del flujo de inversiones en la provincia. Y cuando el poder político, el sistema financiero y la regulación nacional se cruzan en el mismo tablero, el resultado nunca es menor.
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