En un clima de creciente tensión social y económica, la diputada oficialista Laura Bissoni desató una fuerte controversia tras intentar victimizarse por sus ingresos mediante la publicación de su recibo de sueldo. Según la imagen difundida por la legisladora, sus haberes mensuales se sitúan en torno a los $1.300.000, una cifra que ella misma comparó con el salario de un empleado de supermercado para justificar su postura. Sin embargo, la estrategia de transparencia de la diputada del bloque “Zderista” fue rápidamente puesta bajo la lupa al salir a la luz millonarias cifras adicionales que no figurarían en el recibo de haberes tradicional, pero que forman parte integral de sus beneficios como funcionaria.
La polémica escaló cuando se revelaron documentos que detallan los montos percibidos por Bissoni en concepto de “Adelantos de Gastos” durante el último año. Los informes indican que la legisladora dispuso de una suma superior a los 21 millones y medio de pesos en los últimos 12 meses bajo esta modalidad de libre disponibilidad. Al desglosar estas cifras, se observa que la diputada contó con un “extra” promedio de aproximadamente $1.800.000 cada mes, monto que por sí solo supera la remuneración neta que intentó mostrar inicialmente ante la opinión pública chaqueña.
Este contraste entre el discurso de austeridad y la realidad de los gastos reservados ha generado una ola de críticas, especialmente por la militancia de Bissoni en favor de una gestión que mantiene fuertes conflictos salariales con sectores clave. Los cuestionamientos apuntan a que la legisladora defiende activamente una administración que ha incumplido con la cláusula gatillo para el sector docente y que ha aplicado recortes de hasta un 80% en áreas sensibles como el Ministerio de Producción. La indignación ciudadana se centra en la aparente desconexión entre los “sueldos de miseria” de los empleados estatales y los beneficios extraordinarios de la clase política.
La situación deja a la diputada en una posición incómoda, enfrentando acusaciones de desinformación y manipulación de datos sobre sus ingresos reales. Mientras los sectores del trabajo público, como docentes y agentes sanitarios, luchan contra la inflación con haberes congelados, la filtración de estos “extras” legislativos refuerza el malestar social hacia la gestión que Bissoni representa. El debate ahora se traslada a la necesidad de una transparencia integral que no se limite a recibos parciales, sino que exponga la totalidad de los fondos públicos que perciben los representantes del pueblo en ejercicio de su banca.
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