María Guillermina Capitanich fue nombrada en la categoría A-1 de la planta transitoria, percibiendo un básico que supera los $ 2 millones de pesos. Desde el entorno del senador chaqueño justificaron la medida basándose en la “extrema confianza” y la formación académica de la joven
Desde diciembre de 2025, Jorge Capitanich ocupa un escaño como senador nacional por Chaco. En este contexto, se conoció que su hija, María Guillermina Capitanich, forma parte del personal de su despacho en el Senado, percibiendo uno de los salarios más elevados de la Cámara alta.
Según datos oficiales publicados en el portal de Transparencia del Senado, María Guillermina está registrada como “Planta transitoria” bajo la categoría A-1. Esta categoría implica un sueldo básico de $2.158.848,19, que puede aumentar en función de capacitaciones, antigüedad y estudios adicionales.
El medio MDZ señaló que desde el despacho de Capitanich defendieron la designación afirmando que “es una persona altamente formada para desempeñar roles en el Congreso” y que tiene experiencia previa en “los equipos de la entonces diputada nacional Analía Rach”. Además, destacaron que “es una persona de entera confianza del senador, trabajan juntos todo el tiempo”.
La trayectoria política de María Guillermina Capitanich incluye cargos anteriores, como el de directora en ECOM Chaco S.A., empresa provincial dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico, que desempeñó a partir del 1 de septiembre de 2022, durante la gobernación de su padre en Chaco.
En ese mismo año, declaró un patrimonio total de $20.406.162, compuesto principalmente por disponibilidades financieras que alcanzan los $17.402.963, incluyendo dinero en efectivo, depósitos bancarios y moneda extranjera. Además, posee inmuebles valuados en $3.003.199 y un vehículo modelo 2012 ya amortizado.
La contratación de familiares en cargos legislativos genera debates sobre posibles conflictos de intereses, un fenómeno que afecta a distintos bloques políticos. Por ejemplo, desde 2024, el senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto tiene a su hijo Juan como asesor en su despacho.
En muchos casos, los legisladores justifican la presencia de familiares en sus equipos por la confianza y el compromiso que estos vínculos generan, aspectos considerados claves para el trabajo político en el Congreso de la Nación.
Brecha de Ingresos y Categorías
En el Senado, una categoría A-1 (la más alta para asesores) parte de un básico de aproximadamente $2.158.000, sin contar adicionales. En el sector privado, un cargo de responsabilidad similar (como un Gerente Senior o un Director de Asuntos Legales en una PYME o empresa mediana) suele oscilar entre los $1.500.000 y $1.900.000. La diferencia radica en que, en el Estado, los adicionales por títulos de posgrado o antigüedad pueden elevar el sueldo bruto un 20% o 30% por encima del básico de manera automática, algo que en el privado está sujeto a bonos por desempeño.
Estabilidad vs. Riesgo
El sector privado se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, donde la remuneración suele estar ligada a la rentabilidad y el cumplimiento de objetivos trimestrales. En contraste, las categorías del Senado, especialmente en la Planta Permanente, ofrecen una estabilidad casi absoluta. Incluso en la Planta Transitoria (donde se ubican los asesores de confianza de los senadores), los sueldos se mantienen indexados a las paritarias estatales, que históricamente han tenido mecanismos de actualización más ágiles que los sueldos fuera de convenio del sector privado.
El factor de la “Confianza Política”
Una de las mayores críticas surge porque, en el ámbito público, el acceso a las categorías más altas puede darse de forma directa por designación del legislador bajo el criterio de “confianza”. En el sector privado, alcanzar una remuneración superior a los 2 millones de pesos generalmente requiere una carrera de entre 10 y 15 años de experiencia, superando múltiples procesos de selección y evaluaciones de desempeño anuales.
Este contraste explica por qué las designaciones de familiares o personas del entorno íntimo de los políticos generan tanto rechazo social: representan un “salto” hacia niveles salariales que, en el mercado abierto, requieren décadas de especialización y competencia.
