Un informe judicial revela cómo funciona la “Mafia del Desmonte”: un entramado de funcionarios, empresas de elite y consultoras privadas que se repartieron el monte y los fondos de conservación. El rol del ministro Halavacs y el “intercambio de favores” con la Casa Rosada.
La investigación penal FRE 3086/2024 ha puesto nombre y apellido al saqueo. Mientras los diputados Carina Botteri e Iván Gyoker claman en los medios por “seguridad jurídica” y el “sustento de 40 mil familias”, los expedientes que tramita la jueza federal Zunilda Niremperger cuentan una historia mucho más sucia: la de una provincia donde el monte nativo fue la moneda de cambio para pactos políticos y negocios personales.
El ministro de los dos lados del mostrador
El informe interdisciplinario presentado ante la Justicia Federal coloca en el centro de la escena al exministro de Producción, Hernán Halavacs. No como un funcionario negligente, sino como un gestor de escala industrial. Antes de asumir, la consultora de Halavacs gestionó permisos para desmontar 38.000 hectáreas.
Entre sus clientes figuran los nombres del “Círculo Rojo” agroexportador: desde la familia Urquía (Aceitera General Deheza) hasta el gigante Vicentin. El mecanismo era perverso: Halavacs diseñaba los planes de desmonte como privado y, una vez en el poder, esos mismos planes eran bendecidos por la estructura estatal que él mismo dirigía.
La traición a las comunidades
Uno de los datos más indignantes del informe revela el destino del Fondo Nacional de Bosques. La Ley 26.331 es taxativa: el dinero debe priorizar a comunidades indígenas y campesinas que conservan el monte. En Chaco, ocurrió el mundo del revés:
El 98% de los fondos terminaron en manos de empresas y sociedades anónimas.
Apenas el 0,9% llegó a manos de comunidades indígenas.
La Asociación Meguesoxochi, vinculada al diputado imputado Juan José Bergia, recibió 100 millones de pesos mientras, según la denuncia, promovía desmontes en tierras ancestrales.
El “pacto de sangre” con la Casa Rosada
La investigación no se detiene en la frontera provincial. Denuncia que el nuevo Ordenamiento Territorial (OTBN) fue el precio de un canje político de alto vuelo. El senador Víctor Zimmermann es señalado por haber garantizado votos clave para el oficialismo nacional (incluyendo acuerdos con el FMI) a cambio de que el gobierno de Milei validara un mapa de bosques plagado de irregularidades técnicas.
“Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo”, afirma la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Los “beneficiarios” del saqueo
El informe detalla nombres de empresas que operaron como “sociedades anónimas de desmonte”:
Cuenca del Salado S.A.: 7.300 hectáreas, el 94% en zonas prohibidas.
MSU S.A.: 6.000 hectáreas mediante recategorizaciones fraudulentas.
TRIAD S.A.: Vinculada al entorno de Santiago Bausili (Presidente del Banco Central), con 2.700 hectáreas desmontadas.
Conclusión: La ley del más fuerte
Cuando Gyoker habla de un “espacio gris” y Botteri de “familias en jaque”, están protegiendo este sistema. Las leyes 4005-R y 4152-R no son herramientas de desarrollo; son el intento final de legalizar retroactivamente estas 31.000 hectáreas de “permisos truchos” y recategorizaciones a dedo.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia que suspende estas leyes no es un capricho jurídico: es el último dique de contención contra una maquinaria que convirtió al Impenetrable en un mostrador de ofertas para los poderosos.
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