Más de veinte organizaciones alertaron que el DNU 941/2025 amplía el poder de la SIDE, debilita los controles democráticos y pone en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y la protesta social. Exigieron al Congreso que rechace el decreto.
Más de veinte organizaciones de la sociedad civil expresaron su “profunda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó el sistema de inteligencia argentino. Según advirtieron, la medida es “manifiestamente inconstitucional”, rompe consensos básicos de la democracia y habilita prácticas de vigilancia, persecución y detención que se creían superadas.
El decreto fue dictado el 31 de diciembre, en pleno receso parlamentario y sin debate legislativo. Para las organizaciones, no existen circunstancias excepcionales que justifiquen el uso de un DNU para una reforma de esta magnitud, que debería ser discutida y aprobada por el Congreso.
Entre los principales cuestionamientos, señalan que el decreto obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sin establecer procedimientos claros ni mecanismos efectivos de control. Esto, sostienen, habilita la vigilancia masiva y agrava los riesgos en un contexto donde el Estado no cuenta con políticas adecuadas de seguridad de la información.
El comunicado también advierte que el DNU concentra aún más poder en la SIDE: elimina controles ciudadanos, permite aprobar presupuestos secretos, solicitar información a provincias y municipios y compartir datos personales con agencias extranjeras sin autorización judicial, todo bajo un régimen de absoluto secreto.
Uno de los puntos más graves señalados es que, por primera vez desde el retorno de la democracia, se habilita a los agentes de inteligencia a realizar “aprehensiones” de personas, sin criterios claros, sin garantías y sin control judicial previo. Las organizaciones advierten que esta facultad abre la puerta a detenciones arbitrarias, persecuciones e intimidaciones, asimilando a la SIDE a una policía secreta.
Además, el decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, sin definir con precisión qué actores quedarían incluidos. Esto, sostienen, implica un retroceso histórico al desdibujar la separación entre defensa nacional y seguridad interior, un principio construido tras la última dictadura.
Las organizaciones también alertan sobre el regreso de la noción de “enemigo interno”. Según explican, la ampliación del concepto de contrainteligencia flexibiliza de manera peligrosa los límites legales que prohíben el espionaje político, y podría habilitar tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales, pueblos originarios, ambientalistas, periodistas y personas que reclamen por políticas públicas.
En este contexto, advierten que derechos constitucionales básicos como la libertad de expresión, de asociación y de petición a las autoridades quedan seriamente comprometidos. “Reclamar por una ley o cuestionar decisiones del gobierno podría convertir a cualquier ciudadano en un objetivo de inteligencia”, señalan.
Finalmente, las organizaciones remarcaron que el DNU “rompe consensos democráticos, amplía la discrecionalidad estatal y debilita los controles”, y reclamaron de manera expresa que el Congreso de la Nación rechace el decreto.
El comunicado está firmado por Amnistía Internacional Argentina; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas/CAJE; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Poder Ciudadano; el CELS; Democracia en Red; Fundación SES; Fundación Vía Libre; la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundeps; Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Fundación Protestante Hora de Obrar; Xumek; Fundación Cambio Democrático; INECIP; ILSED; CAREF; ANDHES; Consciente Colectivo; Fundación Huésped; Greenpeace y la Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).
