La secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, salió a desmentir públicamente versiones sobre un ajuste en las bonificaciones y beneficios de los empleados públicos. Lo hizo con firmeza, calificando la información como “falaz” y negando cualquier quita. El problema es que el desmentido chocó de frente con un documento interno emitido por la propia gestión que integra.
La circular del Ministerio de Hacienda, dirigida a todas las dependencias del Poder Ejecutivo y entes descentralizados, no habla de recortes de manera explícita, pero establece un límite claro: ninguna bonificación, adicional o gasto podrá ejecutarse sin respaldo técnico, presupuestario y financiero. En el lenguaje de la administración pública, eso equivale a un ajuste silencioso, descentralizado y políticamente difuso.
Así, mientras desde el área política se intenta llevar tranquilidad, desde el área económica se fija el corsé. Nadie anuncia recortes, pero todos los habilitan. Nadie se hace cargo, pero cada ministerio queda expuesto a decidir qué paga y qué no. En ese esquema, los funcionarios se tiran la pelota, y el costo cae sobre los trabajadores.
El trasfondo es conocido: una provincia con cuentas al límite, acuerdos heredados que no se pueden sostener y una administración que repite el mantra de la “responsabilidad fiscal” para justificar el freno al gasto. El documento no es un error ni una filtración maliciosa: es la expresión escrita de una realidad que el discurso oficial intenta suavizar.
El conflicto social no es una hipótesis. Con salarios deteriorados por la inflación y beneficios puestos bajo revisión, el malestar crece. Y cuando las desmentidas públicas desautorizan a los propios papeles oficiales, la incertidumbre se multiplica.
En la gestión de Zdero nadie quiere pronunciar la palabra ajuste. Pero los documentos hablan solos. Y cuando el discurso va por un lado y la administración por otro, la calma suele durar poco. En una provincia frágil, esa contradicción puede ser la chispa que termine de encender el conflicto.
