La Justicia Federal de Resistencia procesó a Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco, en calidad de autor por las presuntas afiliaciones truchas al partido libertario, además del uso indebido de datos públicos para inflar el padrón partidario en la provincia. La investigación detectó firmas falsificadas en al menos 65 casos, utilización de bases de ANSES y PAMI y posibles maniobras de coacción a empleados estatales. Se le prohibió la salida del país sin autorización judicial previa.
La Justicia Federal dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, actual Director Regional de la ANSES y presidente del partido La Libertad Avanza (LLA) en el Chaco. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Resistencia 1 en el marco de una investigación que puso al descubierto una presunta maniobra destinada a inflar el padrón partidario mediante la falsificación de firmas y el uso de datos sensibles de organismos públicos.
La causa se inició en mayo tras denuncias periodísticas y testimonios de exmilitantes que revelaron irregularidades en el armado de LLA en la provincia. Según la resolución, con fecha del 12 de noviembre pero que tuvo acceso LITIGIO recién esta semana, Rodríguez está acusado de certificar como auténticas al menos 65 fichas de afiliación cuyas firmas eran apócrifas.
La investigación judicial, llevada adelante por el fiscal, Patricio Sabadini, señala que la organización se valía de fotocopias de DNI obtenidas presuntamente de bases de datos del PAMI y la ANSES. Los testigos relataron que en la sede partidaria —que funcionaba en un comercio propiedad de Rodríguez— jóvenes colaboradores completaban las fichas imitando las firmas de los ciudadanos, mientras una escribana y el propio Rodríguez certificaban la validez de los documentos sin que el afiliado estuviera presente.
El nivel de irregularidad detectado es alarmante: entre las fichas certificadas figuran personas con demencia senil avanzada, ciudadanos con discapacidades severas e incluso personas que manifestaron su imposibilidad física de haber concurrido a firmar.
Extorsiones y “aportes” obligatorios
Más allá de la falsificación documental, la resolución menciona la existencia de un esquema de coacción hacia empleados de organismos nacionales. Según las testimoniales recolectadas, se exigía a funcionarios y trabajadores de la ANSES y el PAMI la entrega de un 10% de sus haberes como condición para mantener sus puestos o acceder a ascensos, bajo la apariencia de “aportes voluntarios” para el partido.
Con todo, la jueza federal, Zunilda Niremperger, ordenó el procesamiento de Rodríguez por los delitos de falsedad ideológica de documentos públicos (en 65 oportunidades), en concurso real con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Además del procesamiento, la justicia ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos y la prohibición de salir del país sin autorización judicial previa.
A pesar de que el imputado negó los cargos al asegurar que no eran suyas las firmas plasmadas en las fichas observadas por la Justicia, alegando que en realidad este caso es una “maniobra política” para perjudicar una eventual candidatura a senador, Niremperger consideró que existe prueba suficiente para avanzar en la causa.
“Aún cuando Rodríguez pretenda desvincularse de la autoría de las firmas cuestionadas, lo cierto es que sobre él recaían, de manera simultánea, las funciones de certificador de firmas y apoderado del partido político, lo que lo
colocaba —por mandato legal y por la naturaleza misma de sus atribuciones— en una posición de control exclusivo sobre la autenticidad y legitimidad de las fichas de afiliación. Fue él quien presentó dichas fichas ante esta Secretaría (Electoral), con pleno conocimiento de su trascendencia jurídica y del beneficio directo que su validación implicaba para su espacio político”, indicó la magistrada.
Y añadió que, en definitiva, “quien presenta las fichas no podía desconocer su falsedad, dado que él mismo fue quien las certificó”. “Si realmente hubiera desconocido su contenido, no debería haberlas presentado, puesto que en las fichas de afiliación manifestó que las mismas pasaron ante su autoridad y en su presencia. En consecuencia, aun en el hipotético caso de que no hubiera rubricado personalmente las firmas apócrifas, su responsabilidad subsiste ya que era uno de los dos habilitados para certificar la autenticidad de las firmas, y pese a ello las introdujo en el expediente como válidas, incumpliendo el deber legal inherente a su rol de certificante y apoderado de partido”, remarcó.
Por otra parte, en relación al uso indebido de bases de datos públicas para su propio beneficio político, Niremperger indicó que Rodríguez era “plenamente consciente de las obligaciones inherentes a su cargo y, no obstante ello, actuó de manera deliberada, abusando de la posición de privilegio que detentaba como director de la institución”.
“En tal carácter, procedió a sustraer información personal de los afiliados contenida en la base de datos de la ANSES, con el propósito de utilizarla para fines particulares ajenos a la función administrativa, evidenciando
una violación intencional de las normas que estaba obligado a respetar”, subrayó.
Amigables prefectos
Derivada de la causa por las presuntas afiliaciones truchas, hay otra que corre en paralelo. El pasado 15 de diciembre, Niremperger también procesó sin prisión preventiva a cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina por una actuación considerada deficiente y negligente en una diligencia judicial vinculada a ‘Capi’ Rodríguez.
La resolución alcanzó al subprefecto Nicolás Emanuel Gómez, en carácter de autor, y a Modesto Fabián Mendoza, Antonio Javier Martínez y Diego David Muñoz, como partícipes necesarios.
Según pudo saber LITIGIO, a los cuatro, la jueza Federal les imputó los delitos de desobediencia judicial, en concurso real con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por no haber cumplido adecuadamente una orden de requisa y secuestro.
El origen de la causa se remonta al procedimiento realizado el pasado 29 de agosto en el domicilio de Rodríguez, ubicado en avenida Sarmiento 575 de Resistencia. Allí, el personal de Prefectura debía requisar al investigado y secuestrar elementos de interés para la causa, entre ellos su teléfono celular.
Según la investigación, el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento, a partir de imágenes difundidas por Canal 9 de Resistencia, de que la diligencia no se habría realizado con la debida diligencia. Las filmaciones muestran que Rodríguez fue interceptado a las 15.29 con una mochila y, tras un breve intercambio con los efectivos, se dirigió solo al ascensor del edificio, sin custodia, regresando unos diez minutos después sin la mochila, momento en que entregó un celular Samsung, color blanco. Dijo que era suyo pero que no recordaba el patrón de desbloqueo.
Posteriormente, Rodríguez junto a los prefectos fueron hasta la camioneta Toyota Hilux propiedad del investigado, la cual estaba estacionada en la esquina del lugar, donde según las filmaciones no se pudo observar que los mismos efectuaran la requisa del mismo. Lo que sí se observó fue un intercambio de palabras entre los agentes y el acusado, “sin que éstos efectúen el debido diligenciamiento de la manda judicial”, indicó la imputación realizada por el fiscal Sabadini.
Para el Juzgado, permitir que el investigado se retirara del lugar y retomara el control de la situación constituyó una desobediencia a la orden judicial, ya que posibilitó la eventual manipulación u ocultamiento de elementos de prueba. En ese sentido, se señaló que la requisa debió realizarse de manera inmediata al momento de ser habido.
REVISTA LITIGIO
