El proyecto de resolución N° 2765 presentado por los legisladores del interbloque Frente Chaqueño convoca al Ministro de Seguridad provincial, Hugo Daniel Matkovich, a dar explicaciones sobre el operativo realizado el 18 de diciembre en el polígono de tiro de Colonia Benítez. El procedimiento, que incluía la incineración de 80 kilos de cocaína y 3 toneladas de marihuana, terminó en escándalo cuando la Justicia Federal detectó 9 kilos de cocaína ocultos en un móvil policial.
Los diputados exigen que Matkovich informe, entre otros puntos, sobre las cuestiones administrativas que autorizaron el operativo; así como la nómina completa de policías participantes y sus funciones. Los antecedentes de los agentes involucrados en el hallazgo. Además, que informe sobre otros operativos de quema de drogas durante 2024 y 2025.
La iniciativa busca garantizar transparencia institucional y esclarecer responsabilidades en un hecho que puso bajo sospecha a la Policía del Chaco y generó fuerte preocupación en la ciudadanía.
Sobre el operativo
El operativo, encabezado por Matkovich junto al jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, y autoridades judiciales federales, tenía como objetivo la quema de 80 kilos de cocaína y 3 toneladas de marihuana, valuadas en unos 1.200 millones de pesos. Sin embargo, un movimiento sospechoso de efectivos provinciales fue advertido por el secretario penal del Juzgado Federal N°2, lo que derivó en un allanamiento ordenado por el juez Ricardo Mihanovich.
La medida permitió descubrir 9 kilos de cocaína ocultos en mochilas dentro de un móvil policial, lo que desató un fuerte cuestionamiento institucional y puso bajo sospecha la actuación de la fuerza provincial.
Fundamentos de la interpelación
Los diputados Sebastián Benítez Molas y Nicolás Slimel, autores de la iniciativa que contó con el acompañamiento del interbloque Frente Chaqueño remarcaron que la convocatoria busca garantizar la transparencia institucional, la protección de los derechos ciudadanos y el respeto al Estado de Derecho, en un contexto donde la seguridad pública y el destino de los fondos estatales se ven directamente comprometidos.
