En una sentencia que priorizó los derechos de la niñez indígena por sobre formalismos administrativos, el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia hizo lugar este lunes a la acción de amparo interpuesta por la Fundación Valdocco contra el Ministerio de Educación de la Provincia.
El juez Julián Fernando Benito Flores ordenó al Estado restablecer inmediatamente los fondos y garantizar el funcionamiento de la Unidad Educativa de Gestión Privada 144, que alberga y educa a niños y adolescentes wichí en General Vedia.
En un fallo de 26 páginas, el magistrado declaró “inaplicables y carentes de legitimidad sustancial” las medidas administrativas que dispusieron la clausura de la escuela y la suspensión de la subvención estatal.
La decisión se basó en que el Estado omitió realizar una “consulta previa, libre e informada” a la comunidad wichí, violando el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos de protección de derechos indígenas y de la niñez.
De esta manera, el Civil y Comercial 21 no hizo lugar al ataque emprendido en noviembre pasado por la ministra Sofía Naidenoff, quien había denunciado que la Fundación Valdocco tenía docentes truchos.
El juez enfatizó que la institución no es solo una escuela, sino un “espacio de pertenencia, resguardo y continuidad comunitaria” para niños y adolescentes que, en muchos casos, viven allí y enfrentan situaciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo consumos problemáticos.
Destacó también que cerrarla sin una alternativa culturalmente adecuada representaría una “regresión inadmisible” en la protección de sus derechos humanos.
La resolución ordena al Ministerio de Educación depositar en cinco días los aportes adeudados, abstenerse de cualquier medida que implique cierre o desfinanciamiento, y garantizar la continuidad plena del establecimiento. Además, impuso las costas del proceso a la provincia y fijó honorarios para el abogado de la fundación.
El fallo contrasta con las acusaciones públicas del gobierno chaqueño, que denunció irregularidades, como el pago de sueldos a docentes que no residen en la provincia, y anunció una denuncia penal por defraudación.
