Lo que el Gobierno del Chaco presentó como un operativo histórico en la lucha contra el narcotráfico terminó, en cuestión de horas, convertido en un escándalo institucional que golpea de lleno al sistema de seguridad provincial y deja expuesto al propio discurso del gobernador Leandro Zdero.
La quema de casi tres toneladas de estupefacientes, realizada en la localidad de Colonia Benítez, fue exhibida oficialmente como una muestra de control, transparencia y firmeza estatal. Sin embargo, el procedimiento derivó rápidamente en una causa judicial de alto impacto: cinco integrantes de la Policía del Chaco, entre ellos un comisario, quedaron detenidos e investigados por el presunto ocultamiento y robo de cocaína durante el mismo operativo de incineración.
Según pudo saber este medio, los efectivos involucrados —un comisario, un subcomisario, un oficial principal y dos subalternos— formaban parte del operativo logístico y de custodia de la droga incautada en Colonia Benítez. La maniobra habría sido detectada tras movimientos irregulares observados durante el procedimiento, lo que activó una intervención inmediata de la Justicia y el posterior avance de la investigación, hoy bajo la órbita de la Justicia Federal.
El episodio generó un fuerte malestar puertas adentro del Gobierno provincial. Mientras Zdero encabezaba actos oficiales y discursos en los que insistía en la necesidad de fortalecer la seguridad con personal capacitado y mayor profesionalización de las fuerzas, el escándalo ocurrido en Colonia Benítez dejaba al descubierto una falla estructural en los controles internos, incluso en operativos diseñados para exhibir autoridad y orden.
La gravedad del caso no radica sólo en el delito investigado, sino en la jerarquía de los involucrados. La presencia de un comisario entre los detenidos tensiona la cadena de mandos y reaviva cuestionamientos sobre la conducción política y operativa de la fuerza, en un contexto donde la seguridad aparece como uno de los ejes centrales del relato oficial.
En ámbitos políticos admiten, en voz baja, que el caso erosiona el capital simbólico del Gobierno en materia de seguridad. La imagen de diplomas, juramentos y anuncios de profesionalización quedó rápidamente opacada por una causa que vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la provincia: la convivencia entre el discurso de mano dura y prácticas irregulares dentro de la propia fuerza policial.
Desde el Ministerio de Seguridad evitaron pronunciamientos de fondo mientras avanza la causa, aunque reconocen que el impacto político es inevitable. La investigación intenta establecer cuánta droga fue efectivamente desviada durante el operativo realizado en Colonia Benítez, cómo se organizó la maniobra y si existieron responsabilidades superiores o posibles encubrimientos.
El caso abre interrogantes incómodos para la gestión Zdero. ¿Alcanza con actos, anuncios y operativos mediáticos para ordenar un sistema de seguridad atravesado por viejas lógicas? ¿O el escándalo de Colonia Benítez es apenas la punta de un iceberg más profundo?
Por ahora, la causa avanza en sede federal y promete nuevas derivaciones. En el plano político, el daño ya está hecho: el operativo que debía reforzar la narrativa oficial contra el narcotráfico terminó exponiendo, en Colonia Benítez, una contradicción que golpea directamente al corazón del poder provincial.
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