Sin embargo, el gobernador Leandro Zdero tomó la decisión de ignorar esta obligación. No solo bloqueó el tratamiento legislativo que buscaba convertir la cláusula en ley, sino que su administración continúa sin acatar el fallo judicial que exige su pago. Esta negativa no puede leerse como una mera diferencia de criterios presupuestarios: es una decisión política que erosiona la seguridad jurídica, vulnera la buena fe en la negociación colectiva y desconoce derechos laborales consolidados.
La cláusula gatillo no es un privilegio: es un resguardo frente a la inflación, una garantía mínima para que el salario no se licúe mes a mes. Su eliminación unilateral, en un contexto de deterioro económico y alta conflictividad social, representa una regresión inadmisible en materia de derechos. Y más aún cuando la propia Justicia ha señalado que el Estado no puede excusarse en la falta de presupuesto para incumplir acuerdos paritarios.
El fallo judicial es claro. La cláusula gatillo debe restituirse. Y el Gobierno, lejos de acatarlo, opta por el archivo legislativo y el silencio administrativo. ¿Qué mensaje se transmite a la docencia chaqueña? ¿Qué valor tiene la palabra estatal si los compromisos asumidos se desvanecen ante la conveniencia política?. Para Federación SITECH y otros gremios, la lucha continúa. Porque no se trata solo de salarios: se trata de dignidad, de respeto institucional, de la defensa de un sistema educativo que no puede sostenerse sobre la precarización y el incumplimiento. La docencia chaqueña merece certezas, no arbitrariedades. Y merece un gobierno que cumpla la ley, no que la archive.
