La prohibición de la Justicia
El pasado 1 de septiembre, el juez Maraniello prohibió a los medios de comunicación difundir audios de Karina Milei, tras la denuncia del gobierno por una supuesta operación ilegal de inteligencia.La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 12. En el escrito, al que accedió TN, se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.El canal de streaming Carnaval —donde se difundieron por primera vez las grabaciones, en el programa “Data Clave”— fue señalado como uno de los epicentros de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de “más de cincuenta minutos de audios” de Karina Milei y anticipó que serían difundidos de manera progresiva.Desde el Gobierno apuntan también contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son mencionados como posibles partícipes de una red que, según la denuncia, busca “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.
