El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, confirmó que recurrirá a Casación contra la absolución de la exsecretaria de Municipios de la Nación en el juicio por fraude contra la administración pública. “Este grupo de personas fue a la ciudad de Quitilipi a hacer negocios”, disparó, y ratificó que “Aída Ayala fue un ariete importante dentro de esa estructura”.
“Nosotros entendimos que estaba probado, que este grupo de personas fue a la ciudad de Quitilipi a hacer negocios y que Aída Ayala fue un ariete importante dentro de esa estructura”, aseguró este martes el fiscal general ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, tras conocerse el veredicto absolutorio de la exsecretaria de Municipios de la Nación en el juicio oral al que llegó acusada por fraude contra la administración pública.
El próximo 4 de agosto, a las 12, el TOF dará a conocer los fundamentos de la sentencia y Carniel, quién pidió una condena a cinco años de prisión para Ayala, confirmó que recurrirá a casación contra la absolución de la exfuncionaria nacional y el resto de los acusados.
“Nosotros vamos a ir en casación para que se revise la decisión del tribunal. Ya hemos pasado por este trance en otras causas. En la mayoría, por no decir en todas, que fuimos a Casación, hemos obtenido el visto favorable de la Casación en cuanto a que revisaron las sentencias e hicieron lugar al planteo de la fiscalía. Así que esto es otra vez volver a pelear, en el buen sentido de la palabra, con el tribunal de Alzada para ver si podemos dar vuelta esta resolución”, señaló Carniel en declaraciones a FM Gualamba.
Sobre el desarrollo del juicio oral, el funcionario del Ministerio Público Fiscal reveló que “tenemos uno de los imputados confeso. O sea, cuando declara Vilte en el juicio, si bien no dice ‘yo fui el autor del hecho’, pero sí un poco da a entender cómo era el circuito, que él era el que lo llevaba a (Claudio) Tolosa a todos lados, para que se presente en los concursos de precios, en las licitaciones”.
“Había un reconocimiento tácito de que entre ellos tenían una organización que generaba fondos, como en este caso de Aida Ayala a través de los programas, y que Vilte ya tenía más o menos hablado a Tolosa para que se presente”, describió el fiscal general. En ese sentido, precisó que en Quitilipi, “Tolosa ganó todas las que se presentó, ganó todas las licitaciones flojo de papeles en cuanto a la justificación de los gastos”.
El rol de la Fundación Construir
Pero Carniel también anticipó que en el recurso de casación pondrán el foco en el rol de la fundación Construir en la que, según se comprobó, participaban todos los imputados en esta causa. En ese sentido, recalcó que Aída Ayala “la usaba para su propia campaña”. En relación con la causa, advirtió que “en vez de hacerse todos los trámites en la Municipalidad de Quitilipi o en Buenos Aires, se hacían en esa fundación”.
Asimismo, el fiscal reconoció que durante el juicio le llamó la atención que muchos de los intendentes “fueron muy reacios a dar información”. “Eran esquivos: ‘no me acuerdo’, ‘no sé’, ‘puede ser’, más allá de algunas circunstancias puntuales donde ellos habían declarado en instrucción alguna que otra cuestión, la situación probatoria, en cuanto a los testimonios, también dejó mucho que desear”.
Insistió en que uno de los acusados “reconoció la estructura que nosotros tildamos como una estructura proclive para hacer los negocios, y el rol de Aida Ayala era la que posibilitaba que los fondos se entreguen a los municipios, pero en este caso puntual de Quitilipi, con la colaboración de su gente de confianza. Y digo gente de confianza porque eso ya está probado en la causa PIMP, no es que fue un análisis restringido de esta causa. En la causa PIMP aparecen los mismos personajes, las mismas situaciones, y allí ella fue condenada por corrupción”, subrayó Carniel.
“Decisiones que colaboran a la impunidad”
Con respecto al veredicto absolutorio, el fiscal consideró que “el problema es que este tipo de decisiones colaboran a la impunidad, porque la casación me puede dar la razón dentro de un año, dentro de dos años. En el caso que me den la razón, hay que volver a hacer un nuevo juicio con nuevos jueces, y esto no se termina más. ¿Y quién gana y quién pierde en esta situación?”.
El fiscal advirtió que “cuando hay pruebas suficientes para tomar una decisión distinta a la que se tomó, y no se nos da la razón o no se aplica, entonces el problema pasa porque vamos a estar tres, cuatro años, porque esto no se termina acá. Entonces, tanto tiempo, volver a discutir después, dentro de dos, tres años, eso del 2015, por ejemplo, y la verdad que esto nos da la pauta que el sistema ya no da para más”.
“Por suerte, a partir de diciembre puede llegar a haber un cambio, porque ya los plazos no son tan generosos en cuanto a los trámites. Yo terminé el alegato en mayo, el veredicto se dio casi dos meses después”, resaltó, en relación a la implementación del sistema acusatorio donde la facultad de investigar quedará en cabeza del Ministerio Público Fiscal y los plazos estarán regulados para todas las partes.
Carniel cuestionó que el TOF se tomó casi dos meses para dar a conocer el veredicto, aunque legalmente no estaba exigido para hacerlo antes. “Esto es inaudito. Lo digo por mí y lo digo por los imputados, porque ellos estuvieron con la espada de Damocles también dos meses, cuando evidentemente el tribunal ya tenía tomada la decisión de absolverla”, puntualizó.
Principio de inocencia
El fiscal general aclaró que más allá de que fue condenada en la causa PIMP, al no tener una condena firme, Aída Ayala mantiene su condición de inocencia. “Hoy ella es inocente. Hoy ella está absuelta. La casación de la causa PIMP, donde sí fue condenada, todavía sigue ahí tramitándose, pasó más de un año. No está firme la sentencia, y no lo va a estar hasta que la Casación se expida, o eventualmente la Corte. Jurídicamente preserva el estado de inocencia. Porque es un derecho constitucional, es decir, lo único que puede quebrar el estado de inocencia es una condena firme. Esto lo vimos en el caso de Cristina hace poco”, explicó.
“Como viene en la mano, en algunos casos la Casación apura y dicta sentencia rápida, la causa de Lavado I está con un recurso ante la Corte de uno de los imputados y que es una queja, que lo mismo pasó en el caso de la expresidenta y está hace dos años, un año y medio, esperando la queja que se resuelva. Acá es un tema que ya no depende de nosotros y que depende de los plazos y de los criterios de la justicia”, concluyó Carniel.
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