LPO había anticipado que el rol de armador de Menem de listas libertarias iba a complicar el quórum. Llaryora, Frigerio, Jalil, Saenz, Passalacqua y otros acompañaron el quórum. La libertaria Marcela Pagano también.
Los gobernadores aliados aportaron este miércoles los legisladores necesarios para que hubiera quórum en la sesión convocada por la oposición y agudizaron la confrontación con Javier Milei, que sigue retaceando los fondos que reclaman las provincias.
Entre los gobernadores que sumaron diputados al plan impulsado por los radicales de Facundo Manes, el bloque de Miguel Pichetto y el peronismo, estuvieron el cordobés Martín Llaryora, el catamarqueño Raúl Jalil, el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Rubén Passalacqua. Cada uno de ellos con motivos particulares para estar molestos con Milei, pero todos unidos por un enojo común: el retaceo de fondos y obras que corresponden a las provincias.
Los diputados de Llaryora se sumaron en apoyo al incremento del presupuesto para las universidades públicas, pero su asistencia recién estuvo garantizada cuando el temario de la sesión se amplió e incorporó los proyectos para bajar las retenciones, un reclamo histórico de Córdob. Por eso, se sentaron los llaryoristas Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, junto a Juan Brugge y Oscar Agost Carreño, cuyas voluntades se descontaban de antemano.
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En el caso de Weretilneck y Figueroa mandaron al recinto a Agustín Domingo y Osvaldo Llancafilo, respectivamente. Ambos coordinan sus acciones con el bloque de Innovación Federal, liderado por la salteña Pamela Caletti e integrado por diputados que responden a Sáenz y el caudillo Carlos Rovira.
De ese lote, el misionero Alberto Arrúa y la salteña Yolanda Vega ingresaron siguiendo instrucciones de sus jefes políticos. El avance de la agenda opositora en Diputados confirma el fracaso de Martín Menem, a quien una vez más se le escapó el recinto de las manos. El naufragio, como anticipó LPO, está vinculado a que el riojano y su primo Lule son los armadores de La Libertad Alianza en el interior y están armando listas en contra de los mismos gobernadores a los que después le tienen que pedir el voto de sus diputados.
La presencia más llamativa fue la de la libertaria Marcela Pagano, que atraviesa su peor momento con Menem y buena parte del bloque libertario.
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La fracción de la UCR que lidera Rodrigo de Loredo también se corrió de la subordinación permanente a la Casa Rosada. El mendocino Julio Cobos, la jujeña Natalia Sarapura y el bonaerense Fabio Quetglas se sumaron al quórum, además del santafesino Mario Barletta, quien tras la ruptura de Manes con De Loredo terminó formando su monobloque bajo el sello Unidos.
No pasó desapercibido el ingreso del entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio. Tampoco la libertaria díscola mendocina Lourdes Arrieta, que entró al recinto con un llamativo peinado y prendas con brillo.
Con el envión de los gobernadores, la oposición pudo imponer su hoja de ruta para la sesión. En primer término, se sometieron a debate los emplazamientos de las comisiones para que se dictaminen los expedientes de aumento a las universidades y la emergencia pediátrica por el Garrahan. Ambas iniciativas consiguieron 160 votos afirmativos para que empiece a debatirse el tema en comisiones a partir del próximo martes, sorteando así el cerrojo que los libertarios habían puesto a esas comisiones.
Luego, se abordarían la baja de retenciones, entre otros emplazamientos para discutir en comisiones, y dos proyectos despachados, listos para recibir media sanción. Se trataba de la ley de Juicio por Jurados y la modificación de la Ley de DNU, para restringirle esa facultad a Milei. Un tema crítico para el gobierno.
Sin embargo, la sesión se cayó antes por un oportuno escándalo entre kirchneristas y libertarios, montada alrededor de provocaciones, insultos y empujones entre legisladoras de La Cámpora y las libertarias Juliana Santillán y Nadia Márquez.
En el medio, el sindicalista Mario Manrique la emprendió a empujones contra José Luis Espert, a quien los integrantes de la bancada peronista acusaban de “cagón” por la detención de las militantes que arrojaron caca de caballo en la puerta de su casa.
En los pasillos del Congreso ya se comentaba en la previa de la sesión que el oficialismo intentaría voltearla cuando llegara ese momento. La especulación se basa en que la semana próxima vencerían las facultades delegadas al Poder Ejecutivo desde la sanción de la Ley Bases y el Presidente debería empezar a apelar a los decretos de una manera más frecuente todavía.
Por eso, la oposición pretende cambiar la ley 26122, impulsada en 2005 por Cristina Kirchner, para que baste con el rechazo de una sola de las dos cámaras del Congreso para invalidar un decreto. Si esa fuera la regla, el DNU 70/23 hubiera perdido vigencia con la impugnación del Senado en 2024.
