Arturo Sebastián Etchevehere, quien fue candidato a gobernador de Entre Ríos de La Libertad Avanza, recibió un revés judicial este viernes de parte de la Cámara de Apelaciones de Entre Ríos en una causa por administración fraudulenta de la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná.
La causa que lleva más de diez años en la justicia compromete al ex candidato libertario y a sus hermanos junto con directivos del grupo empresario que están acusados de vaciar el medio y del desprendimiento de acciones de manera irregular.
La causa que lleva más de diez años en la justicia compromete al ex candidato libertario y a sus hermanos junto con directivos del grupo empresario que están acusados de vaciar el medio y del desprendimiento de acciones de manera irregular.
Además, el tema recaló en la justicia federal por una investigación de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que acusó a los Etchevehere de estafa y evasión por haberse autotransferido siete inmuebles que pertenecían al diario.
Para la maniobra, dice el auto de procesamiento, simularon préstamos por más de $4.5 millones de la Asociación Mutual Unión Solidaria que gerencia Walter Grenón, uno de los financistas más importantes de la ciudad de Santa Fe.
La causa comenzó en 2012 cuando Dolores Etchevehere inició una guerra judicial contra sus hermanos Sebastián, Juan Diego, Luis Miguel, ex presidente de la Sociedad Rural y ex funcionario de Mauricio Macri, y su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial.
Según Dolores, sus hermanos y madre complotaron para perjudicarla en el reparto de la herencia familiar. Parte de la estrategia para ocultarle bienes fue la simulación de ventas y transferencia de recursos que seguían en manos de la familia pero a nombre de testaferros.
Si bien, los Etchevehere lograron desligarse de la causa por decisión del juzgado de primera instancia, ahora la Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento y volvió a procesar a los acusados. Además, el tribunal presidido por el camarista Mauricio Mayer ordenó el traslado de los autos a la justicia federal.
