La Justicia Federal volvió a frenar la estrategia de nulidades impulsada por la defensa de los acusados y dejó en pie las pruebas más comprometedoras. Con el camino despejado, el expediente se encamina hacia el juicio oral. Por este hecho, siete policías del Chaco están imputados por el intento de robo de nueve kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes.
Nuevo revés judicial para los policías del Chaco acusados de intentar robarse nueve kilos de cocaína mientras se realizaba una quema judicial de estupefacientes. En una audiencia de revisión horizontal realizada este miércoles bajo modalidad híbrida, la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, ratificó la inadmisibilidad de la impugnación presentada por la defensa de uno de los principales imputados en la causa conocida como “Narcopolicías”, en línea con un criterio que ya había significado un fuerte revés para los acusados días atrás.
De este modo, la magistrada confirmó lo resuelto previamente por el juez Enrique Jorge Bosch el pasado 12 de marzo, cuando declaró “mal concedidas” las impugnaciones de las defensas y convalidó la validez de las pruebas clave reunidas durante la investigación. Aquella decisión marcó un punto de inflexión en el expediente al despejar uno de los principales obstáculos procesales y encaminar el caso hacia el juicio oral.
Según la resolución a la que accedió LITIGIO, en esta nueva audiencia, el eje del debate no giró sobre el contenido de las supuestas irregularidades, sino sobre la posibilidad misma de impugnar ese tipo de resoluciones. Durante poco más de 40 minutos, las partes discutieron el alcance de la denominada “impugnabilidad objetiva”.
El defensor Miguel Barceló, representante de Gustavo Andrés Quizama, sostuvo que limitar el acceso a una instancia recursiva vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales. Invocó el principio “pro homine” y argumentó que el derecho al recurso debe interpretarse de manera amplia para resguardar el debido proceso.
En contraposición, la fiscal Ruth Hilgenberg solicitó el rechazo del planteo al sostener que el Código Procesal Penal Federal se rige por los principios de taxatividad y legalidad, lo que impide recurrir decisiones adoptadas en audiencias de saneamiento en esta etapa. Según explicó, esta limitación responde a la necesidad de garantizar celeridad y eficiencia en el sistema acusatorio.
Al resolver, la jueza Alcalá coincidió con el Ministerio Público Fiscal y con el criterio ya fijado por Bosch. Señaló que el sistema de impugnaciones es taxativo y que no existe un perjuicio irreparable, ya que los planteos podrán ser revisados en etapas posteriores, como el control de la acusación o el juicio oral. También remarcó que la audiencia de saneamiento original contó con el debido control jurisdiccional y respeto de las garantías.
Los cuestionamientos de las defensas, ya rechazados en instancias previas, apuntaban a invalidar medidas clave de la investigación. Entre ellos, se alegó la supuesta realización de requisas y secuestros sin orden judicial, irregularidades en la cadena de custodia de pruebas fílmicas y objeciones sobre la documentación vinculada a la incineración e inventario de la droga.
Sin embargo, tanto la jueza de Garantías N°1, Zunilda Niremperger, como luego el juez Bosch, descartaron la existencia de violaciones concretas a garantías constitucionales. En su resolución, Bosch fue contundente al afirmar que “la mera disconformidad” de las defensas no alcanza para habilitar revisiones no previstas por la ley, en un sistema que busca evitar dilaciones innecesarias. Además, subrayó que la discusión sobre la validez de la prueba tiene su ámbito natural en el juicio oral y en instancias específicas como el control de la acusación.
La causa, identificada como FRE 10726/2025, investiga a siete efectivos policiales por delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de funcionarios públicos, en concurso con peculado.
Un robo a la vista de todos
Los imputados fueron detenidos el 18 de diciembre pasado, cuando se detectó una maniobra para sustraer parte de la cocaína —unos 9 kilos valuados en aproximadamente 225 millones de pesos— durante un operativo de incineración judicial de más de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína que se realizaba en el predio del polígono de tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. La droga habría sido ocultada en mochilas y en la caja de un patrullero.
El hecho generó un fuerte impacto institucional, ya que el procedimiento se realizaba a plena luz del día y en presencia de autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía, Fernando Romero; el juez federal Ricardo Mianovich, y medios de comunicación. La maniobra fue advertida por funcionarios judiciales antes de concretarse.
Durante la audiencia de este miércoles, los imputados siguieron las alternativas desde sus lugares de detención, entre ellos Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta y Rubén Héctor Alegre. El único que no se sumó a los planteos de nulidad y por lo tanto no presenció la audiencia fue Lucas Exequiel Martínez, beneficiado con la prisión domiciliaria.
Con este nuevo pronunciamiento, la Justicia Federal consolida el criterio restrictivo en materia de impugnaciones y deja la causa en condiciones de avanzar hacia las etapas decisivas del proceso, con la discusión de la prueba proyectada para el juicio oral.
REVISTA LITIGIO
