A pesar de que la justicia federal ya ordenó la reincorporación de otra trabajadora trans despedida de la ANSES, una repartición nacional vuelve a reincidir. Se trata del RENAPER que despidió a una trabajadora trans, que denunció persecución por su identidad de género.
Una trabajadora trans despedida de la sede de Resistencia del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) impulsa una acción de amparo ante la justicia federal para que se anule su despido y se la reincorpore a su puesto de trabajo al que había ingresado en mayo de 2022, en cumplimiento de la ley de cupo laboral trans, la Nº 27.636, también conocida como “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
En su presentación, la trabajadora consideró que su desvinculación fue arbitraria y que encubre un acto de discriminación por su identidad de género, vulnerando su derecho a la estabilidad laboral protegida por leyes de políticas de reparación histórica. En ese sentido, en su escrito advierte que su contrato de trabajo no debe ser interpretado como una locación de servicios ordinaria sino como una acción afirmativa del Estado para reparar la exclusión sistemática del colectivo trans del mercado laboral formal. Por el artículo 7 de esta ley es que le otorga el derecho a la permanencia y protección de su puesto de trabajo.
La preparación del camino de la exclusión
Según revela el escrito, la discriminación sufrida por la trabajadora fue constante de parte de la patronal que la hostigó mientras realizaba su proceso de transición. La prueba de ello está en las objeciones a sus licencias médicas que justamente forman parte de los tratamientos hormonales y otras intervenciones que son propias de la construcción de la identidad.
Se produjo el descuento arbitrario por las ausencias, que estaban justificadas por profesionales de la salud, banalizando este tratamiento integral como “simples operaciones estéticas”.
Además, le iniciaron un sumario “bajo la sospecha” y la “desconfianza” del organismo de que los certificados médicos no eran auténticos. Durante ese proceso le rechazaron todas las pruebas ofrecidas impidiéndola de ejercer su derecho a la defensa, siguiendo el trámite advirtiéndole que “el objeto del sumario podía ser ampliado o profundizado, sin necesidad de dar inicio a otro procedimiento defensivo.”
Explica la trabajadora que el organismo estuvo muy lejos de ser neutral y aplicar la ley de procedimientos administrativos. Rechazó la prueba pericial de las firmas ofrecida por la trabajadora y la prueba testimonial porque resultaban “impertinentes”.
El sumario no concluyó ya que no se renovó el contrato. Para la damnificada este proceso administrativo sólo tuvo la intención de vulnerar la protección legal. Fue la excusa para cesantearla y la arbitrariedad salta a la vista: ni se preocuparon en dictar una resolución definitiva.
El trato discriminatorio hacia la trabajadora resulta evidente -dice en su presentación- es hacia ella que se dirigen las sospechas y los cuestionamientos. A ella como mujer trans no se le cree y basta la sola afirmación de la patronal para poner en duda los certificados médicos, sin producir las pruebas pertinentes.
El destierro del sistema
El Estado Argentino había comenzado un proceso de inserción en la sociedad de las personas travestis-trans. Con leyes que protegen su identidad autopercibida y luego los cupos laborales para que puedan acceder no sólo a un ingreso sino a los beneficios de la seguridad social.
En un contexto de pérdida del empleo cada vez más acelerado es muy difícil pensar que en una cultura que aún reina la discriminación por cuestiones de género puedan encontrar un trabajo formal. Esto expone a la población a sufrir explotación laboral y sexual como únicos medios de obtener un ingreso.
Aún si no la hubiesen despedido el organismo nacional estaba muy lejos de cumplir con el cupo: el uno por ciento de su planta permanente al menos debe estar constituido por personas travestis-trans.
