La Justicia trabaja sobre dos mujeres acusadas de someter a los chicos en tareas pesadas, malos tratos y condiciones de vida precarias. También están bajo sospecha dos funcionarias públicas por un presunto encubrimiento.
La Justicia investiga un presunto caso de reducción a la servidumbre y explotación de menores que habría afectado a al menos 13 chicos y chicas menores de edad en un hogar de Florencio Varela. La causa está a cargo de la Fiscalía N°8 de Berazategui, encabezada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo.
Según pudo saber TN, la investigación establece que dos mujeres habrían sometido a los menores a trabajos y condiciones de vida incompatibles con su edad, su salud y su desarrollo durante un período prolongado. Ambas ya se encuentran detenidas.
De acuerdo al expediente, los chicos eran obligados a realizar tareas de gran esfuerzo físico, como preparar cemento, levantar maderas, piedras y otros elementos pesados y hacer trabajos de albañilería. También debían cortar cañas con machetes para construir cercos y ocuparse de otras actividades vinculadas al mantenimiento del predio.
Además, tenían que juntar en carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, cortar el pasto, armar bultos pesados y cuidar y alimentar animales del lugar. A esto se sumaban tareas domésticas, como la limpieza de las casas y los muebles.
Siempre según la causa, los menores realizaban estas tareas sin asistencia de adultos y en condiciones consideradas peligrosas. Los trabajos se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, con lluvia y a la intemperie.
La investigación también señala que los chicos eran privados de alimentos y que, cuando se resistían a cumplir las tareas, eran expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío. Además, se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para evitar que contaran lo que ocurría.
En ese contexto, también habrían sido coaccionados y manipulados en sus relatos ante autoridades judiciales o de supervisión estatal. Además, habrían recibido golpes -en algunos casos con objetos contundentes- cuando se oponían a realizar las tareas.
Durante los procedimientos se detectaron condiciones de hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente y falta de higiene. También se registraron episodios en los que algunos chicos dormían en la misma cama con perros.
La causa también indica que los menores eran obligados a seguir trabajando incluso cuando estaban enfermos, sin atención médica adecuada y sin concurrir regularmente a la escuela, lo que afectaba directamente sus derechos a la salud y a la educación.
Dos funcionarias en la mira
En paralelo, la investigación avanzó sobre un presunto encubrimiento agravado. Según una resolución judicial, dos funcionarias públicas de organismos de Niñez de la zona oeste del conurbano habrían ayudado a ocultar, alterar o hacer desaparecer rastros y pruebas de un allanamiento.
La fiscalía cree que habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales acusadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en las que vivían los menores. Además, se les atribuye no haber denunciado oportunamente hechos que ya conocían en el marco de sus funciones.
La Justicia ordenó varios allanamientos en el lugar señalado como centro de explotación y en domicilios vinculados a las funcionarias investigadas, así como en sus oficinas. Durante los operativos, se secuestraron celulares de distintas marcas, un disco rígido y documentación de interés para la causa.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por el operativo de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui de la Policía bonaerense, a cargo del subcomisario Matías Giménez, con apoyo de la Policía de la Ciudad.
