La familia de una menor de 17 años denunció un laberinto burocrático que incluyó el rechazo de comisarías y la falta de médicos forenses. El caso apunta a un posible abuso con la facilitación de la propia madre de la víctima.
Una familia de la localidad de Barranqueras atravesó una jornada de extrema revictimización al intentar denunciar un presunto caso de abuso sexual agravado por la supuesta complicidad de la madre de la víctima, una menor de 17 años. Los allegados iniciaron las gestiones legales a las 14:00 horas en la Comisaría Primera, donde los efectivos se negaron a tomar la declaración bajo el argumento de que el hecho involucraba a una menor de edad. Este primer obstáculo obligó a los denunciantes a peregrinar durante ocho horas hasta lograr, recién entrada la noche, que la Comisaría de la Mujer aceptara formalizar el trámite, exponiendo graves fallas en la recepción de delitos de integridad sexual.
La situación alcanzó niveles críticos de negligencia durante la madrugada en la Guardia de Urgencias del Hospital Perrando, donde la asistencia médica especializada fue nula. Según los testimonios recabados por este medio, el médico forense del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) nunca se hizo presente para realizar los exámenes de rigor. Por su parte, la médica de turno se negó sistemáticamente a realizar el control de las partes íntimas de la adolescente, escudándose en una interpretación rígida de los protocolos vigentes. Esta falta de coordinación institucional dejó a la víctima en un estado de desprotección total ante la mirada impotente de sus familiares.
Los denunciantes cuestionaron duramente el accionar del Poder Judicial y del sistema de salud, denunciando que obligar a una víctima a no higienizarse durante más de un día a la espera de un perito constituye un acto de tortura institucional. Los portavoces de la familia calificaron el operativo como un proceso tortuoso que priorizó la burocracia por sobre la integridad física y psicológica de la menor. Mientras se espera la intervención de la Fiscalía en turno para garantizar la preservación de pruebas, el caso pone bajo la lupa la efectividad de los protocolos de género y la urgente necesidad de guardias forenses permanentes en la provincia.
FUENTE: Infoqom
