Oscar Ernesto Barraza fue condenado a 25 años por atacar a 15 mujeres entre 1999 y 2004. Cuál fue la clave para atraparlo.
Oscar Ernesto Barraza dejó su tenebrosa huella en Córdoba por una serie de ataques sexuales que cometió entre 1999 y 2004 contra al menos 15 mujeres que vivían solas en distintos barrios de la ciudad, como San Martín, Providencia y Crisol.
El hombre, que actualmente tiene 70 años, fue detenido en diciembre de 2006 después de una investigación que lo señaló como el “violador serial de ancianas”. La clave para atraparlo fue una botella de gaseosa, donde había dejado su perfil genético.
En 2008, la Cámara 6ª del Crimen lo condenó a 25 años de prisión por 15 abusos sexuales con acceso carnal, cuatro tentativas de abuso sexual, un hecho gravemente ultrajante y varios robos calificados.
Desde entonces, la defensa del condenado hizo varias presentaciones judiciales para acceder a la prisión domiciliaria. Por ahora, todos los pedidos han sido denegados.
El modus operandi del violador serial de ancianas de Córdoba
Los jueces reconstruyeron un patrón de ataques: Barraza entraba de noche a las casas, maniataba a las víctimas, les tapaba la cara y, después de abusar de ellas, les robaba dinero y objetos de valor. En muchos casos, también cortaba el cable del teléfono para dejarlas incomunicadas.
Las víctimas de Barraza tenían entre 52 y 84 años. El agresor elegía a mujeres mayores porque, según los peritajes, representaban un “objeto menos ansiógeno” y le permitían desplegar una “fantasía de reivindicación”.
Según detalló el diario La Voz, los especialistas detectaron en él una personalidad con rasgos psicopáticos y componentes sádicos, además de una agresividad inconsciente vinculada a su madre, con quien durmió hasta la pubertad.
Los informes psicológicos y psiquiátricos fueron contundentes: “El acusado tiene un coeficiente intelectual dentro de los límites de la normalidad; desde este punto de vista es un individuo normal que goza de la capacidad de comprensión y dirección de sus actos”. Sin embargo, también advirtieron una “tendencia compulsiva a repetir” actos antisociales para canalizar tensiones internas.
Durante el juicio, dos víctimas declararon que Barraza no era su agresor, pero el tribunal le dio más peso a los estudios genéticos. “En la balanza probatoria, cuenta con mayor contundencia convictiva el examen objetivo de ADN que los dichos de una víctima que, en razón de su edad y del shock vivido, no pudo reconocer su propia casa cuando se le presentó en fotografías”, argumentaron los jueces.
Por qué la Justicia le negó la prisión domiciliaria
Barraza cumple su condena en la Cárcel de Villa Dolores, bajo la supervisión de la jueza de Ejecución Penal Soledad Juncos. En los últimos años, el condenado presentó varios pedidos para acceder a la prisión domiciliaria, argumentando su edad y buena conducta en el penal, donde trabaja en la panadería.
Sin embargo, la jueza fue tajante: “La jurisprudencia de Córdoba establece que no es automático; no alcanza con cumplir 70 años, tiene que existir un plus que lo justifique, y no era el caso”.
Aunque los informes penitenciarios destacan su “conducta ejemplar”, la buena conducta no garantiza beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.
El principal obstáculo es su condición de reincidente. Antes de la condena por los abusos, Barraza ya tenía antecedentes por complicidad en un homicidio (1973) y tentativa de robo calificado (1995). Además, los informes psicológicos siguen siendo un factor clave para negar cualquier morigeración de la pena.
“El consejo del Servicio Penitenciario de Córdoba no considera que esté en condiciones para el período de prueba, por lo cual tampoco hay salidas transitorias por el momento”, explicó la magistrada.
Cuándo podría recuperar la libertad
Sin acceso a la libertad condicional y con todos los beneficios denegados, Barraza seguirá detenido en Villa Dolores casi hasta el final de su condena. Recién el 29 de junio de 2031, seis meses antes de cumplir la pena completa, podrá solicitar la libertad asistida.
Ese beneficio requiere una evaluación exhaustiva para determinar que no represente un riesgo para la sociedad ni para las víctimas.
“En la libertad asistida, lo que se evalúa es que no sea un riesgo para la sociedad, para la víctima o para sí mismo. Pero para eso, faltan muchos años”, remarcó la jueza Juncos.
