La prisión preventiva de los siete efectivos de la Policía del Chaco imputados en la causa por el intento de sustracción de cocaína en una quema judicial de estupefacientes fue extendida a 150 días. El juez federal Enrique Bosch avaló el pedido de la Fiscalía al considerar que la investigación sigue en una etapa inicial y con medidas pendientes. Los acusados permanecerán detenidos, al menos, hasta mediados de mayo.
La Justicia Federal resolvió extender de 100 a 150 días la prisión preventiva de los siete efectivos de la Policía del Chaco imputados en la causa que investiga el presunto intento de sustracción de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes en el polígono de tiro de la Policía del Chaco en Colonia Benítez. De este modo, los acusados continuarán detenidos al menos hasta el 16 de mayo.
La decisión se adoptó el jueves en una audiencia de revisión ante el juez federal Enrique Bosch, quien rechazó los planteos de oposición presentados por las defensas e hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para ampliar el plazo de detención. Según pudo saber LITIGIO, el magistrado consideró que la causa se encuentra en una etapa inicial, con medidas probatorias pendientes, y destacó la complejidad del expediente.
Entre los elementos que aún deben producirse se encuentran el peritaje de los teléfonos celulares, que se realiza en Formosa, y el análisis de la droga secuestrada. En ese contexto, Bosch entendió que persisten los riesgos procesales que justifican la continuidad de la prisión preventiva.
Por este caso, están imputados el comisario César Alegre; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el subcomisario Andrés Franco Ramírez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Quizama y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas.
El caso
Los siete policías fueron detenidos el 18 de diciembre pasado, cuando funcionarios de la Justicia Federal detectaron una maniobra irregular durante la incineración judicial de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína. Según la investigación, se habría intentado sustraer parte de la cocaína —unos 9 kilos, valuados en aproximadamente 225 millones de pesos— ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero.
El hecho generó un fuerte impacto institucional, ya que el operativo se realizaba en presencia del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía, Fernando Romero; el juez federal Ricardo Mianovich, y medios de comunicación que cubrían la quema. La maniobra fue advertida por secretarios judiciales antes de que pudiera concretarse.
Tras la audiencia de control de la legalidad de la detención y de formalización de la investigación realizada el pasado 21 de diciembre, los efectivos quedaron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionarios públicos, además de peculado, en concurso real.
La acusación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg. Durante esa instancia declararon cinco de los imputados, mientras que dos hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
La declaración más llamativa fue la del cabo Urne Canteros, a quien se le halló una piedra de yeso, empaquetada y sin signos de uso, similar a un ladrillo de cocaína. Según la investigación, el elemento iba a ser utilizado para camuflar la droga sustraída, aunque el imputado aseguró que lo llevaba para afilar su navaja de barbero.
REVISTA LITIGIO
