Fernando Albareda, su hijo, es el principal acusado. La causa judicial todavía no tiene fecha de juicio y, en el medio, siguen apareciendo nuevos datos sobre los conflictos dentro de una familia atravesada por el terrorismo de Estado.
Hace exactamente un año, Córdoba amanecía con una noticia desgarradora. Susana Montoya, referente de derechos humanos y viuda de un desaparecido, fue hallada asesinada en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones.
El crimen no solo sacudió a la provincia, sino que se convirtió en símbolo de un drama familiar y político con raíces en la dictadura.
El asesino habría sido su propio hijo, Fernando Albareda, también militante por la memoria y miembro de la agrupación HIJOS. En una entrevista publicada meses después del crimen, confesó haber estrangulado a su madre tras una discusión oscura sobre la desaparición forzada de Fermín Albareda, su padre.
Fernando justificó su accionar en un dolor acumulado y en la sospecha de que su madre habría traicionado a Fermín durante la dictadura. Su hermano, Ricardo, desmintió rotundamente esa acusación. La familia, ya marcada por la tragedia, terminó de quebrarse con el crimen.
Desde entonces, la causa judicial avanzó con idas y vueltas. La Fiscalía 4 de Córdoba solicitó la elevación a juicio en mayo, pero la defensa de Albareda, encabezada por el abogado Juárez Centeno, presentó un recurso de nulidad. En él, argumentan que no se respetaron garantías procesales y que la versión completa del acusado aún no fue incorporada formalmente a la causa.
A doce meses del crimen, el expediente se encuentra en una instancia clave. El Juzgado de Control deberá decidir si acepta la nulidad. En caso contrario, el caso pasará a la Cámara de Acusación. El referente de Derechos Humanos en Córdoba está acusado de los delitos de “matricidio” y “falsa denuncia reiterada”.
A confesión de pruebas, relevo de partes
La historia de los Albareda está íntimamente ligada al terrorismo de Estado. Fermín Albareda, padre de Fernando y Ricardo, fue un subcomisario cordobés con vínculos con el ERP. En los años más crudos de la represión, fue secuestrado, torturado y desaparecido. Su esposa, Susana Montoya, crio sola a sus hijos y años después inició los trámites de reparación económica como víctima de delitos de lesa humanidad.
La tensión entre madre e hijo, según relató Fernando, venía de décadas atrás. En su confesión mediática, sostuvo que no consideraba a Susana su madre, que había sido víctima de abuso cuando era chico y que ella no lo había protegido.
Por otro lado, la acusó de haber “entregado” a su padre a la dictadura y que por su culpa lo habían asesinado. A esto se sumó el conflicto por el uso de las indemnizaciones, de unos 76 millones de pesos, que Susana habría decidido no compartir con sus nietos, lo que, según él, fue el desencadenante final.
El 1 de agosto de 2024, de acuerdo a la versión que dio en la Voz del Interior, Fernando esperó que su madre saliera al patio a alimentar a los perros y allí la atacó. La ahorcó con una soga, según sus propias palabras, “enceguecido”, mientras la responsabilizaba por el pasado y por sus decisiones del presente.
Tras el crimen, dijo que intentó montar una escena para desviar la investigación. Así, dejó carteles con amenazas, símbolos nazis y casquillos de bala para simular un ataque político o ideológico.
Sin embargo, las pericias de la Policía Judicial y la Fiscalía desarmaron esa versión. La caligrafía de los mensajes coincidía con la de Albareda, su ADN fue hallado en la escena y hubo contradicciones en su testimonio. Además, se vincularon esas amenazas con una supuesta falsa denuncia que él mismo había hecho meses antes, en diciembre de 2023, cuando dijo que su familia había sido amenazada en su casa.
Albareda está preso y alojado en el penal de Bouwer, en Córdoba. Desde su celda, sigue sosteniendo que fue él el autor material del crimen y que no siente remordimiento. “No sé si estoy arrepentido. Sigo metido en esa noche. No sé si hice bien, no sé…”.
La defensa, la nulidad y lo que viene
La fiscalía sumó esa denuncia anterior como parte de la causa, sosteniendo que fue parte de un plan premeditado. El 28 de mayo de este año, el fiscal solicitó la elevación a juicio por homicidio calificado por el vínculo y falsa denuncia reiterada. Sin embargo, según explicó el abogado defensor, Carlos Juárez Centeno, hubo graves irregularidades en el proceso.
“La causa por falsa denuncia fue elevada a juicio el mismo día en que se le tomó indagatoria, sin darnos posibilidad de ejercer una defensa. No pudimos ver el expediente ni producir pruebas, y por eso presentamos un escrito de nulidad. Si el Juzgado de Control no la acepta, iremos a la Cámara de Acusación”, explicó en diálogo con TN.
El abogado también cuestionó que no se incorporara oficialmente la confesión que Fernando hizo en medios, donde explicaba su historia de maltrato, abandono y dolor profundo hacia su madre.
“Queremos que se tome en cuenta como una causa atenuante de la pena. Además, hubo pericias psicológicas y psiquiátricas cuyos resultados no incluyeron los aportes de nuestros peritos, algo que también cuestionamos”, agregó. A un año del crimen, el caso sigue abierto y sin fecha de juicio.
