El flamante alcalde de París, Emmanuel Grégoire, quedó en el centro de la tormenta apenas días después de asumir el cargo.
Este viernes, anunció un plan de 20 millones de euros para enfrentar las denuncias de presuntos abusos sexuales en escuelas públicas, una crisis que ya provocó la suspensión de 31 asistentes escolares desde principios de año.
Grégoire, de 48 años y referente del socialismo francés, tomó el mando el domingo pasado y definió este escándalo como su “primera lucha”. Durante la campaña, sus rivales lo responsabilizaron por la situación y apuntaron contra su antecesora, Anne Hidalgo.
Un sistema bajo la lupa: denuncias, suspensiones y reclamos de los padres
En la capital francesa, el ayuntamiento es el encargado de contratar y formar a los asistentes escolares que cuidan a los chicos después de clase, hasta que los padres pueden retirarlos. El sistema quedó en jaque tras la seguidilla de denuncias y la reacción de las familias.
“Hay que revisarlo todo desde el principio con un objetivo: tolerancia cero”, declaró Grégoire, quien en noviembre reveló que él mismo fue víctima de abusos en una actividad extraescolar cuando era niño.
Desde inicios de 2026, 78 asistentes fueron suspendidos, de los cuales 31 por sospechas de violencia sexual. El alcalde prometió “transparencia total” y reconoció que la “ira” de las familias “es legítima”.
De los suspendidos este año por violencia física o sexual, nueve trabajaban en la misma escuela. Los padres denunciaron que la dirección del colegio no les informó sobre las sospechas.
Según Grégoire, la “inmensa mayoría de los casos” de violencia sexual remontan a 2024 y, sobre todo, a 2025, y afectan principalmente a escuelas infantiles. El año pasado, la alcaldía apartó a 16 asistentes por sospechas similares.
“Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando en realidad reflejan un riesgo sistémico, y quizá incluso un código de silencio sistémico”, admitió el alcalde al diario Le Monde.
Un plan de emergencia
El plan anunciado por Grégoire prevé mejorar la selección y formación de los asistentes, crear canales más claros para denunciar abusos y garantizar la transparencia con los padres. Además, el ayuntamiento publicará cada trimestre estadísticas sobre casos y suspensiones, y comunicará a las familias los resultados de los procedimientos abiertos.
“Es un comienzo. Se han retomado algunas de nuestras propuestas, pero faltan medidas de urgencia”, advirtió Barka Zerouali, cofundadora del colectivo #MeTooEcole, que impulsó una petición con más de 22.300 firmas.
En Francia, el movimiento #MeToo rompió el silencio sobre los abusos sexuales en distintos ámbitos, desde el cine hasta la infancia.
En 2021, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) estimó que 216.000 menores fueron víctimas de sacerdotes y religiosos entre 1950 y 2020, cifra que asciende a 330.000 si se suman empleados de instituciones religiosas.
Uno de los casos más resonantes fue el del colegio de Betharram, donde más de 200 exalumnos denunciaron agresiones físicas y sexuales durante décadas en una escuela católica del suroeste francés.
“Tolerancia cero” y una crisis que recién empieza
Grégoire, que el lunes se reunió con asociaciones de padres, insistió en que la prioridad es la transparencia y la protección de los chicos. “La inmensa mayoría de los presuntos agresores eran hombres y los alumnos son especialmente vulnerables”, subrayó.
