Una operación del Bloque de Seguridad en Sucumbíos decomisó más de dos toneladas de droga y afectó una ruta fluvial clave del tráfico transnacional
Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico recibieron un nuevo golpe en la frontera norte de Ecuador tras una operación de alta intensidad ejecutada por el Bloque de Seguridad, que dejó pérdidas económicas estimadas en más de USD 5,5 millones y afectó de forma directa una ruta clave del tráfico transnacional de drogas. La intervención fue realizada por el Ejército Ecuatoriano en el sector de Playas del Cuyabeno, sobre el río Aguarico, en la provincia amazónica de Sucumbíos, una zona históricamente utilizada por estructuras criminales para el transporte de estupefacientes hacia mercados internacionales.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Defensa Nacional, durante la operación se decomisaron 4.480 libras de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, equivalentes a 2,24 toneladas de droga, además de una embarcación y un motor fuera de borda empleados para el traslado del cargamento por vía fluvial. Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, conforme a la normativa vigente.
La magnitud del decomiso y el valor económico atribuido a la droga reflejan la importancia estratégica de la operación. Las rutas fluviales de la Amazonía ecuatoriana, en particular aquellas conectadas con la frontera con Colombia y Perú, se han convertido en corredores logísticos para organizaciones criminales que aprovechan la compleja geografía, la baja presencia estatal histórica y la conexión con redes transnacionales del narcotráfico. En este contexto, Sucumbíos ha sido señalada de manera reiterada por autoridades ecuatorianas como un punto sensible para el control del crimen organizado.
El golpe se produce en medio de una ofensiva sostenida del Estado ecuatoriano contra los grupos de delincuencia organizada, en el marco de las políticas de seguridad implementadas por el actual Gobierno. Desde finales de 2023, Ecuador enfrenta una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, con disputas entre bandas por el control de rutas, puertos y territorios, lo que ha llevado a un reforzamiento del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, especialmente en zonas fronterizas y estratégicas.
Según el Ministerio de Defensa, el impacto de la operación no se limita al decomiso de droga, sino que afecta directamente la capacidad operativa de las mafias, al cortar rutas, destruir infraestructura logística y generar pérdidas económicas significativas. El mensaje oficial es que estas organizaciones no solo pierden cargamentos, sino también tiempo, recursos y capacidad de maniobra, elementos clave para sostener el negocio ilícito a gran escala.
La operación en el río Aguarico también pone en evidencia la importancia del control fluvial en la lucha contra el narcotráfico. A diferencia de las carreteras o los puertos, los ríos amazónicos permiten el movimiento discreto de grandes volúmenes de droga, con menor exposición mediática y mayores dificultades de vigilancia. Por ello, las Fuerzas Armadas han intensificado patrullajes y operaciones en estas zonas, combinando inteligencia militar, control territorial y acciones de interdicción.
Desde el Gobierno se ha reiterado que la ofensiva contra el crimen organizado será permanente y sostenida. Las autoridades han insistido en que no se trata de operativos aislados, sino de una estrategia de presión constante para reducir el margen de acción de las mafias y recuperar el control del territorio. En esa línea, el Ministerio de Defensa ha subrayado que el objetivo es claro: desarticular las economías criminales que alimentan la violencia y la inseguridad en el país.
El golpe asestado en Sucumbíos se suma a una serie de operativos recientes que buscan frenar el avance del narcotráfico en Ecuador, un país que, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un punto clave del tránsito de drogas producidas en la región andina. Mientras las autoridades refuerzan el discurso de tolerancia cero frente a las mafias, el desafío de fondo sigue siendo consolidar una presencia estatal efectiva y sostenida en los territorios más vulnerables, para evitar que estas rutas vuelvan a ser ocupadas por las organizaciones criminales.
