La decisión en Nueva York convalidó los argumentos que Argentina sostuvo durante más de una década. Un caso de política de Estado, más allá de las chicanas públicas entre libertarios y kirchneristas.
El Gobierno salió a festejar como propio un fallo que, en rigor, es producto de una cadena de decisiones, estrategias y abogados que se sostuvieron durante cuatro gestiones distintas. Un extraño caso de política de Estado que sobrevivió la grieta, transitando de manera paralela a las chicanas entre peronistas y liberales por la expropiación de YPF.
La medalla por la decisión favorable a la Argentina de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York no tiene un solo dueño y acaso eso hable mejor del país de lo que parece. El juicio contra YPF y el Estado argentino por la expropiación de 2012 se inició en abril de 2015 en los tribunales de Nueva York. La demanda la impulsó el fondo Burford Capital, que compró los derechos litigiosos de la familia Eskenazi, controlante del grupo Petersen. El planteo fue directo: Argentina incumplió el estatuto de YPF al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, cuando decidió expropiar.
Desde entonces, la defensa argentina quedó en manos del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, histórico estudio del país para los tribunales de Nueva York, desde la crisis de deuda de 2002. Ese mismo bufete atravesó el canje, la pelea con los holdouts y luego el caso YPF. Cambiaron los gobiernos, pero no la columna vertebral de la defensa. Esa continuidad no fue casual. Cleary Gottlieb se mantuvo incluso cuando en 2016 el gobierno de Mauricio Macri intentó sumar otros estudios para reforzar casos específicos.
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Pero el núcleo estratégico siguió siendo el mismo. Una línea que apostó, desde el inicio a sostener que la expropiación se había realizado de acuerdo a la Constitución y las leyes argentinas y en consecuencia no era jurisdicción de la justicia de Nueva York. De hecho, Macri intentó que el juicio se trasladara a la Argentina, bajo el argumento de que la expropiación fue un acto soberano. El gobierno perdió esa instancia y a partir de ahí, el expediente entró en la fase técnica, con la jueza Loretta Preska al frente, heredera del juzgado de Thomas Griesa, que condenó a la Argentina en la pelea con los holdouts. Preska, como su antecesor, desde el inicio tuvo una postura durísima con la Argentina.
El regreso del kirchnerismo al poder en 2019 no implicó un giro, pero sí un ajuste de la estrategia legal. Desde 2020, la Procuración del Tesoro, con Carlos Zannini sumó a la defensa al estudio Sullivan & Cromwell, liderado por Robert Giuffra.
La estrategia se reordenó: concentrarse en sostener que el estatuto de una empresa no puede estar por encima de la Constitución argentina, más que discutir la jurisdicción. Es decir, que ninguna cláusula societaria puede limitar la potestad soberana del Estado de expropiar por utilidad pública si actúa de acuerdo al ordenamiento legal.
Lo curioso es que la gestión libertaria mantuvo esa línea: no pagar porque no corresponde pagar. El gobierno de Milei tuvo tres procuradores del Tesoro: Rodolfo Barra durante el 2024, Santiago Castro Videla desde enero 2025 y Sebastián Amerio desde marzo de este año. Los tres mantuvieron la estrategia: la Constitución Nacional está por encima del estatuto de una empresa, tal como sostuvo el kirchnerismo al proceder con la estatización.
Sin embargo, Milei jugó a tres bandas. Por un lado intento modificar la estrategia con el estudio Covington & Burling para ampliar la investigación a causas de corrupción vinculadas al caso. Mientras, ya desde antes de asumir, abrió canales informales para negociar el pago con Gerardo “Gerry” Mato, ex HSBC y lobbista contratado por Burford.
Milei quería poner un impuesto para pagarle a los acreedores de YPF
Mato no es un actor menor: fue anfitrión en su mansión de Greenwich de reuniones con enviados libertarios como Darío Epstein y Juan Nápoli, en busca de apoyo financiero para Milei, en las semanas previas a su asunción.
Con Milei en la Casa Rosada, las vías laterales se profundizaron. Mientras la Procuración apelaba el fallo de Preska sosteniendo que es nulo y que la expropiación fue legal, en el Ministerio de Economía se exploraban alternativas de acuerdo. Como reveló LPO, Mato visitó al menos seis veces Economía, una vez que la sentencia en contra del país en primera instancia quedó firme. En ese momento se hablaba de un negocio de comisiones millonarias.
Por eso el posteo del ministro de Economía, Toto Caputo, de este viernes generó suspicacias. “Inumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!!Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!”, celebró Caputo.
Con la cronología del juicio por la expropiación de YPF, la voluntad del gobierno libertario de atribuirse el éxito legal suena tan previsible como exagerada.
“Ganamos el juicio por YPF. Argentina no debe pagar nada”, tuiteó Javier Milei. En un acto en La Paternal, fue más lejos: habló de “el mayor logro jurídico de la historia nacional” y apuntó contra Axel Kicillof.
Pero la lectura técnica va en sentido opuesto. Sebastián Maril, uno de los analistas que más siguió el caso desde el inicio y difícil de encasillar políticamente, fue claro:
17 de Abril 2012: “El Estatuto de una empresa (YPF) no puede estar por encima de la Ley Pública”, Axel Kicillof.
27 de Marzo 2026: “El Estatuto de una empresa (YPF) no puede estar por encima de la Ley Pública”, Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Pero más allá de las chicanas y la tentación de abrir vías paralelas para arreglar con los acreedores lo concreto es que el gobierno de Milei mantuvo la línea de defensa, como destaca uno de los cerebros jurídicos de la Argentina en este caso, el ex sub procurador, Sebastián Soler. “El mérito del actual gobierno es haber mantenido en la apelación, los argumentos iniciales de la defensa argentina”, afirmó Soler este viernes en una entrevista con el Financial Times. Si no es una política de Estado, se le parece bastante.
