Lo resolvió el camarista Ignacio Rodríguez Varela. La Justicia penal ordinaria quedará a cargo del expediente.
Pese a los pedidos del empresario Javier Faroni, la Justicia ordinaria seguirá a cargo de la investigación de las supuestas maniobras de fraude que habría realizado la AFA en Estados Unidos.
La decisión fue tomada por la Cámara del Crimen porteña, a cargo del camarista Ignacio Rodríguez Varela, quien revocó un pedido de la defensa de Javier Faroni y Érica Gillette para declinar la competencia en favor del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, que investiga la causa contra Sur Finanzas.
La resolución judicial surge luego de que Guillermo Luis Tofoni presentara una denuncia contra los directivos de la AFA por presunta administración fraudulenta, por la cual se habrían desviado cerca de 300 millones de dólares mediante contratos de partidos amistosos hacia sociedades extranjeras.
Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Silvana Russi, pretendía trasladar la causa a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, argumentando que podría haber alguna vinculación con el delito de lavado de activos. A este pedido había adherido la defensa de Gabriela Gillete y Javier Faroni, dos de los imputados.
La jueza de primera instancia, Paula Petazzi, accedió a la solicitud de declinación de competencia, y dictó una resolución a principio de enero, basándose en argumentos de identidad de hechos y conexidad con causas que tramitan ante el juez Luis Armella en Lomas de Zamora.
Sin embargo, Tofoni apeló la declinatoria y, este jueves, la Cámara revocó esta decisión al considerar que la defraudación es un delito común que debe ser investigado por el fuero nacional ordinario.
El tribunal subrayó que la competencia federal es excepcional y que los fraudes no se vuelven federales solo porque el monto sea elevado o involucren a una institución de gran relevancia como la AFA.
El fallo sostiene que no se pueden confundir las conductas de administración infiel con el lavado de activos que se investiga en el fuero federal. Mientras que el fraude busca “lesionar el patrimonio”, en este caso de la AFA, “el lavado de dinero protege el orden económico y financiero buscando dar apariencia lícita a bienes de origen delictivo”. Para el camarista, son hechos independientes que no justifican desplazar la causa de su juez natural.
Por su parte, la Cámara señaló que no existe una superposición lógica entre esta causa y la que tramita en Lomas de Zamora. Advirtió que en el juzgado federal no hay un objeto procesal preciso respecto de la AFA, ya que esa investigación nació por irregularidades en el Club Banfield y solo se extendió a la asociación después de que se presentara esta denuncia.
A su vez, el tribunal aclaró que no existen normas que permitan unificar causas entre el fuero nacional y el federal por mera “conexidad”. La existencia de prueba común no autoriza a que la justicia federal absorba delitos de competencia ordinaria, ya que eso implicaría una “prórroga general” de la competencia cada vez que haya una hipótesis de lavado.
El hecho ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA tiene su sede y domicilio legal en calle Viamonte, lo cual ratifica la competencia de la justicia nacional de la Capital Federal frente a la de Lomas de Zamora.
Cómo era la supuesta maniobra de fraude
Según la denuncia presentada por Guillermo Tofoni, el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Ariel Toviggino habrían montado una maniobra para desviar fondos millonarios a través de contratos con empresas fantasma.
La presentación judicial, radicada en Buenos Aires —donde funciona la sede de la AFA, en la calle Viamonte—, detalla que Tapia y Toviggino firmaron acuerdos con ProSport Live LLC y CRI para organizar al menos siete partidos amistosos de la Selección argentina. El dinero generado por esos encuentros, según la denuncia, terminó en cuentas de sociedades sin actividad real.
De acuerdo a la acusación, los directivos de la AFA “defraudaron a la asociación que administran” en complicidad con Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, responsables de la firma Tour ProdEnter LLC. El contrato con esta empresa les permitió gestionar intereses y cobros en el extranjero, lo que habría facilitado el desvío de fondos fuera del patrimonio de la AFA.
Tofoni sostuvo que el dinero “defraudado” fue depositado primero en cuentas de Tour ProdEnter LLC, en un monto total de alrededor de 300 millones de dólares. Luego, la mayor parte de esos fondos se giró a nombre de al menos siete sociedades sin actividad real, integradas o dirigidas por personas vinculadas a los imputados.
Además, parte del dinero habría sido utilizado para pagar “servicios suntuosos”, como el alquiler de embarcaciones y aeronaves.
