La Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco rechazó una denuncia por violencia laboral contra el gobernador Leandro Zdero. Argumentó que, por ser funcionario electo y la máxima autoridad de aplicación de la ley de erradicación de violencia laboral, está fuera del alcance de los protocolos vigentes. La presentación fue realizada por la secretaria general de los empleados del InSSSeP, Zulema Coria, tras recibir agravios públicos del mandatario provincial. El caso deja planteado un preocupante blindaje institucional.
En una polémica resolución, el subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Hugo Maldonado, rechazó una denuncia por violencia laboral contra el gobernador, Leandro Zdero, y, tácitamente, consideró que el primer mandatario goza de una suerte de inmunidad administrativa frente a este tipo de acusaciones. Con este criterio, Zdero podría continuar realizando declaraciones ofensivas hacia empleadas o empleados públicos y dirigentes sindicales estatales sin que la Oficina de Violencia Laboral tenga posibilidad de intervenir.
La resolución de Maldonado tiene como telón de fondo una denuncia penal presentada por la secretaria general del gremio del InSSSeP, Zulema Verón de Coria, quien acusó al gobernador por el delito de injurias. La denuncia fue motivada por declaraciones públicas que Zdero realizó en su contra durante un programa televisivo transmitido por el canal estatal y luego viralizadas por medios digitales financiados con pauta oficial.
Según consta en la presentación judicial, el 8 de mayo pasado, durante su participación en el programa del conductor oficialista Julio Wacjman, donde se analizaban la seguidilla de paros en la obra social estatal, el gobernador se refirió a Coria con expresiones del tipo: “La mayoría de los afiliados saben lo perversa que es esta señora y el daño que provoca”, “Es una mujer mala, uno lo siente, lo presiente”, “¿Quién le paga el sueldo a esta señora? El afiliado”, “La dirigente sindical eterna”, y “Hay que escarbar muy fuerte para encontrarle corazón”. De acuerdo con la denuncia, estas frases constituyen expresiones “vejatorias, discriminatorias y con intención de dañar el honor”, amplificadas además por medios que reciben financiamiento público.
Paralelamente a la denuncia penal, Coria presentó un escrito ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, dirigido a Hugo Maldonado y fechado el 12 de mayo. Allí denunció al gobernador por considerar que sus expresiones constituyen actos de “violencia laboral, simbólica, institucional y de género”.
En su presentación, Coria recordó la vigencia de la Ley Provincial N° 2957-A, que reconoce como violencia laboral todo acto que atente contra la dignidad o integridad psíquica y emocional de una persona en el ámbito laboral, incluso cuando no implique agresión física. También citó la Ley N° 2023-A, que establece políticas claras de prevención y actuación ante situaciones de violencia dentro del Estado, y asigna al empleador público la responsabilidad de garantizar condiciones laborales dignas y libres de violencia.
Además, mencionó la Ley Provincial N° 2772-L, que aprueba un Protocolo de Prevención ante Situaciones de Violencia Laboral en la Administración Pública. Esta norma contempla mecanismos institucionales específicos para abordar casos de violencia, incluyendo confidencialidad, contención emocional y reparación del daño causado.
“La activación del protocolo debió haberse realizado ante la denuncia formulada”, sostiene el escrito. “El hecho de que no se haya seguido el procedimiento previsto ni que la situación haya sido abordada adecuadamente por las autoridades refleja una grave deficiencia en la aplicación de la ley y una urgente necesidad de reforzar los mecanismos de protección y reparación para trabajadores y trabajadoras del sector público”, agrega.
Entre otras medidas, Coria solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos que reciba, registre y tramite su denuncia, que se activen mecanismos de resguardo, contención y reparación, y que se tomen medidas preventivas para evitar nuevas manifestaciones públicas de carácter violento o difamatorio por parte del gobernador. También pidió que los hechos sean abordados como violencia simbólica, institucional y de género, conforme a la Ley Nacional 26.485 y la normativa provincial vigente.
“Sufragio popular”
La respuesta oficial llegó el 20 de mayo. Fue decepcionante no sólo para Coria, sino también por el precedente que sienta respecto a la aplicación restrictiva de la normativa sobre violencia laboral. En efecto, Maldonado rechazó la presentación in límine (es decir, desde su inicio), al considerar que la denuncia “excede la órbita de actuación de esta Subsecretaría”, debido a que el denunciado es “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial”.
Según Maldonado, al ser Zdero la autoridad de aplicación de la Ley 2023-A, iniciar un trámite administrativo en su contra afectaría la imparcialidad del proceso. Y agregó: “Resulta incompatible incluir a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo dentro del ámbito de aplicación de la normativa, en tanto su función proviene del sufragio popular y se encuentra comprendida en la categoría de cargos electivos (Ley 292-A, art. 3, inc. 1), quedando por tanto expresamente exceptuado de la normativa citada precedentemente”.
Con este argumento, Maldonado selló el rechazo de la presentación y estableció un criterio que, en los hechos, dejaría a los funcionarios electos —como el gobernador— fuera del alcance de los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia laboral. El escrito cierra reafirmando que la presentación de Coria es “improcedente formal y sustancialmente” y que la Subsecretaría de Derechos Humanos “carece de competencia” para intervenir en el caso.
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