A través de un comunicado, el Justicialismo rechazó el proyecto de ley oficial al considerar que «que profundiza y amplía el inconstitucional DNU 70/2023 que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes laborales y allana el camino a la privatización de las empresas públicas, lo cual representa una pérdida de derechos y de soberanía para los argentinos».
Para el PJ, «lejos de plantear una solución a la grave situación que atraviesa nuestro país», el proyecto enviado «agrava los problemas de los argentinos imponiendo un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que ya ha sido aplicado en otros momentos de la historia, y que provocó enormes tragedias sociales».
El peronismo denunció que Milei pretende «apropiarse de las facultades del Poder Legislativo, pisoteando la Constitución Nacional y la división de poderes», además de «reducir la representación de las provincias en el Congreso, dando por tierra con la paridad de género y la multiplicidad de voces».
El paquete de iniciativas oficiales también «remarca la primarización de la canasta exportable; eleva las retenciones a los derivados de soja; pone en venta el patrimonio de todos los argentinos y argentinas privatizando las empresas públicas, y habilita al Gobierno nacional a endeudarse sin necesidad de consultar al Congreso».
«También justifica el despido de miles de trabajadores del sector público que actualmente sostienen políticas públicas que resultan esenciales para garantizar derechos, permite la entrada de tropas extranjeras al país sin autorización del Congreso, dispone la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses al Tesoro Nacional para utilizar la plata de todos los jubilados en la timba financiera; y elimina la fórmula jubilatoria para establecer aumentos discrecionalmente por decreto».
