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Violencia policial contra jóvenes Qom: un policía justificó los golpes que sufrió una de las víctimas

Durante la séptima audiencia del juicio oral por los hechos de violencia policial ocurridos en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, un efectivo policial que declaró en calidad de testigo calificó como “correcta” la brutal paliza que recibió Alejandro Delio Saravia, dentro de su propia vivienda, en el marco de un allanamiento sin orden judicial. Su declaración también dejó expuestas contradicciones con lo que había manifestado durante la investigación administrativa y permitió identificar a otros policías que participaron del procedimiento.

La violencia policial contra dos familias del pueblo Qom volvió a quedar expuesta durante la séptima audiencia del juicio oral por los hechos ocurridos en mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana. Esta vez, el foco estuvo puesto en el testimonio de Jorge Daniel Fernández, oficial auxiliar de la Policía del Chaco, quien al momento del operativo prestaba servicios en la Comisaría Tercera de esa localidad.

Uno de los momentos más controvertidos de la audiencia se produjo cuando se exhibieron registros audiovisuales de las agresiones. Consultado sobre los golpes de puño que efectivos policiales propinaron a Alejandro Delio Saravia dentro de su vivienda, Fernández terminó calificando esa actuación como “correcta”.

La respuesta generó cuestionamientos durante el interrogatorio, en el que la Fiscalía de Derechos Humanos y la querella también expusieron contradicciones entre su declaración en el debate y los dichos que había aportado en octubre de 2020 ante el Órgano de Control Institucional (OCI). La audiencia se realizó el pasado jueves, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Contradicciones

Fernández explicó que cumplía funciones administrativas en la Comisaría Tercera de Fontana, donde trabajó durante aproximadamente cuatro años y medio. También manifestó conocer a la mayoría de los efectivos imputados y ratificó reconocimientos que había realizado previamente ante el OCI.

En ese contexto, identificó a los policías Latorre, Benítez, Lucena y Foschiatti. Además, señaló que había reconocido a Sofía González en una de las secuencias audiovisuales en las que se observa una agresión contra una joven.

Sin embargo, durante el interrogatorio surgieron diferencias entre sus respuestas actuales y las que había brindado el 15 de octubre de 2020, cuando declaró en el marco de la investigación administrativa. En distintos pasajes, el efectivo sostuvo que había sido obligado a declarar ante el organismo de control.

Frente a esa afirmación, la jueza Dolly Fernández le recordó que prestar declaración constituye una obligación para las personas convocadas en el marco de una investigación judicial o administrativa. La Fiscalía, por su parte, invocó el artículo 98 de la Ley Orgánica Policial, que establece el deber del personal de colaborar con las investigaciones.

Los golpes dentro de la vivienda y el uso de la fuerza

La exhibición de los videos volvió a colocar en el centro del debate las características del procedimiento policial y los límites del uso de la fuerza. Fernández explicó que el ingreso a una vivienda puede realizarse ante situaciones de flagrancia y que la intervención policial debe ajustarse a criterios de progresividad.

No obstante, inicialmente evitó pronunciarse sobre las acciones que mostraban las imágenes, con el argumento de que no había participado del operativo. Ante la insistencia de la jueza, que le pidió una respuesta concreta sobre si consideraba correcta o incorrecta la actuación de los efectivos, el testigo calificó como “correctos” los golpes de puño contra Delio, una de las víctimas.

Durante la misma audiencia también se exhibieron fotografías de las personas que presentaban lesiones. La defensa objetó las preguntas sobre esas imágenes al considerar que el testigo no tenía conocimientos médicos para determinar la existencia de lesiones. La jueza rechazó el planteo y permitió que continuara el interrogatorio.

La Fiscalía volvió entonces sobre la declaración que Fernández había prestado ante el OCI, en la que había reconocido haber observado personas lesionadas. De esa manera, las imágenes y sus manifestaciones anteriores quedaron incorporadas nuevamente a la discusión sobre lo ocurrido durante el procedimiento.

La querella puso el foco en las responsabilidades policiales

Karina Paz, integrante de la querella, presentó el acta de la declaración testimonial que Fernández había realizado en octubre de 2020 y marcó nuevas contradicciones con sus respuestas durante el juicio.

Por su parte, la representación del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interrogó al testigo sobre los procedimientos que debe cumplir el personal policial cuando interviene en la aprehensión de una persona menor de edad. Fernández respondió que corresponde al jefe de turno comunicar la situación a los juzgados competentes.

Las preguntas apuntaron a reconstruir no solo la secuencia de los hechos, sino también las obligaciones funcionales de los efectivos y los mecanismos de actuación que debían observarse durante los procedimientos.

Seis años después

Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, lo hicieron sin orden judicial y sometieron a integrantes de dos familias del pueblo Qom a golpes, amenazas, vejaciones y otros actos de violencia institucional, tanto en el domicilio como posteriormente en la dependencia policial. La causa llegó a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate atravesó sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Recién el 5 de octubre de 2026 comenzaron las audiencias.

Diez efectivos policiales están imputados por distintos delitos. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.

La causa cuenta con un bloque acusador importante: intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar.

También interviene la defensora oficial 14, Karina Paz, en representación de las víctimas. Además, Amnistía Internacional Argentina participa como “amigo del tribunal”, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula, y la traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.

 

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