La disputa en torno al sobreseimiento del presidente Javier Milei y otros imputados en la denominada causa Libra sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional, luego de que el fiscal Eduardo Taiano rechazara de forma tajante la iniciativa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de asumir la acción penal abandonada por la fiscalía.
En un dictamen de tono confrontativo, el fiscal Taiano desestimó el planteo presentado a fines de octubre por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien había advertido que la investigación no estaba agotada y que existían medidas de prueba pendientes sobre la ruta de los fondos y el contenido de dispositivos electrónicos. Taiano calificó la presentación del organismo como sorpresiva y desacertada, argumentando que la Procuraduría no tuvo acceso actualizado al expediente y que sus fundamentos se basaban en apreciaciones ajenas al contenido formal de la causa.
La controversia se originó a partir del pedido de dos organizaciones no gubernamentales que actúan como amicus curiae, las cuales solicitaron que la Procuraduría asumiera el rol acusador ante el desistimiento de la fiscalía principal. Con la intervención del juez subrogante Daniel Rafecas y la inminente postura del titular del juzgado, Marcelo Martínez de Giorgi, el rechazo judicial abriría la puerta para que el expediente arribe a la Cámara Federal mediante apelaciones subsidiarias.
El planteo de la Procuraduría cuestionaba que no se hubieran profundizado aspectos centrales de la maniobra investigada, tales como la trazabilidad de los millones transferidos desde cuentas del estadounidense Hayden Davis hacia billeteras de los imputados locales, el análisis de borradores contractuales hallados en dispositivos secuestrados y la valoración de conductas destinadas a eludir la acción de la justicia. Sin embargo, el fiscal intentó reducir el planteo a una mera discrepancia sobre la valoración de los hechos, ratificando su solicitud de sobreseimiento por atipicidad.
Mientras tanto, las querellas de inversores perjudicados por el colapso del token continúan batallando para recuperar su rol activo en el expediente a través de recursos de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Con los antecedentes favorables a la intervención de los organismos de control en instancias superiores, todo indica que la disputa judicial continuará escalando y se extenderá durante el próximo año.
